El Gobierno oficializó una reforma de gran impacto en la Ley de Migraciones a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
Entre los principales cambios, se destaca que los extranjeros deberán presentar un seguro médico o abonar por los servicios sanitarios públicos, salvo en casos de emergencia. Además, se endurecen los requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía argentina.
MIRÁ TAMBIÉN | Suben a $100 millones el piso para penar evasión fiscal
A partir del nuevo marco, solo los residentes permanentes podrán acceder a la gratuidad plena en el sistema público de salud y en las universidades estatales. En el caso de los extranjeros sin residencia permanente, los hospitales podrán exigir el pago previo o la cobertura de un seguro. Las universidades, por su parte, quedan habilitadas a cobrar aranceles, salvo que existan convenios o becas específicas.
El decreto también introduce mayores controles sobre las categorías migratorias. Los permisos precarios de residencia, ahora limitados a 90 días renovables, no garantizarán ni arraigo ni derecho automático a la nacionalización. La Dirección Nacional de Migraciones tendrá mayor autonomía para revocar estas autorizaciones si se desnaturalizan las causas que motivaron su otorgamiento inicial.
MIRÁ TAMBIÉN | Nombraron a nuevas autoridades en Trenes Argentinos
En cuanto a la reunificación familiar, el nuevo régimen estipula un plazo máximo de tres años para familiares de residentes, con entradas y salidas múltiples autorizadas. Sin embargo, se exigirá que el solicitante demuestre solvencia económica y carezca de antecedentes penales. Esta medida apunta a reforzar los controles migratorios y priorizar el orden interno frente a la creciente presión sobre los servicios públicos.
Desde el Ejecutivo señalan que los derechos básicos como salud en emergencias o educación inicial, primaria y secundaria seguirán garantizados para todos, sin importar la situación migratoria. No obstante, se avanza en una segmentación de beneficios sociales en función del estatus legal, como parte de una estrategia de reorganización del sistema estatal ante el aumento de la demanda y los recursos limitados.
Fuente: Noticias Argentinas.