La Argentina presentará en los primeros días de la semana próxima la nueva oferta a la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC), sin modificar la fecha de cierre del canje y entrega de los nuevos bonos, prevista para el 4 de septiembre próximo.
Así lo indicaron a Télam fuentes oficiales, que señalaron que esta situación podría desencadenar que se postergue nuevamente el plazo límite para el ingreso al canje, inicialmente previsto para el 24 de agosto.
«Lo importante es que no se modifica la fecha (de «settlement») de la operación, prevista del 4 de septiembre próximo», el momento en que los inversores reciben los nuevos bonos, agregó la fuente.
Debido a cuestiones del proceso, según los entendidos, se necesitan al menos 10 días para realizar la compleja operación internacional que involucra unos 63.500 millones de dólares en títulos a intercambiar.
Respecto de los plazos, los acreedores no mostraron mayor inquietud. «Si la Argentina no lograba presentar la nueva documentación el viernes 14, el próximo día hábil para hacerlo sería el martes (por el feriado en la Argentina), y luego la fecha de cierre para el ingreso se aplazaría hasta el 28 de agosto», estimó Marcelo Delmar, representante de Argentina Creditor Committe, integrante de los tres grupos de acreedores que firmaron el acuerdo.
El retraso tuvo que ver con el tiempo que demandó plasmar en los documentos oficiales del canje las modificaciones acordadas con los acreedores en el pacto sellado el 4 de agosto a la madrugada, entre cambios económicos y legales.
Uno de ellos tiene que ver con el uso de las cláusulas de acción colectiva y la posterior reasignación de los bonos, para arrastrar a los holdouts al canje.
La Argentina acordó con los acreedores la «limitación del uso de la reasignación del canje de bonos», según confirmó Delmar.
Antes del acuerdo, la Argentina había advertido que hacía uso de las facultades aplicando el nuevo esquema de reglas cláusulas de acción colectiva, aplicado internacionalmente desde el 2014, y aprobadas por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (IMCA, por sus siglas en inglés).
El uso de las nuevas cláusulas fue apoyado por el FMI y el G20. También se había solicitado, a través de las intervenciones públicas del ministro de Economía, Martín Guzmán, que se pronuncie la comunidad internacional, ante la solicitud de los acreedores de imponer cambios en las «reglas standard» para alcanzar un acuerdo.
Igualmente ahora, «se espera que la comunidad internacional se expida sobre las nuevas reglas legales», insistieron las mismas fuentes oficiales, que esperan un pronunciamiento de los grandes actores financieros, sobre las cuestiones legales que fueron consideradas para alcanzar un acuerdo entre la Argentina y los acreedores.
El martes 4 de agosto pasado, a las 3 de la madrugada hora local, el Gobierno anunció que alcanzó un acuerdo con los principales grupos de acreedores y, en ese marco, se estableció una prórroga hasta el 24 de agosto para terminar de materializar el entendimiento.
El acuerdo alcanzado implica ciertos cambios económicos respecto de la oferta presentada ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) el 6 de julio pasado.
En base a cálculos del mercado, la oferta en términos de valor presente de los nuevos bonos que se entregarán en el canje, equivalen a 54,9 dólares promedio por cada 100 dólares de deuda nominal.
En particular, con el nuevo esquema los bonos globales emitidos a partir del 2016 tienen un promedio de valor de recupero de 53,6 dólares, mientras que en los bonos de los canjes 2005 y 2010 se ubicarán en torno de 58,7 dolares por cada 100 dólares de deuda nominal.
