La reforma propone agravar casi todas las penas, eliminar la prescripción para crímenes especialmente graves y limitar la liberación anticipada. También prevé que el 82% de los delitos tengan cumplimiento efectivo de prisión.
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El Gobierno presentó el proyecto del nuevo Código Penal, una reforma integral que plantea un endurecimiento generalizado de las penas, la imprescriptibilidad de los delitos considerados especialmente graves y una fuerte restricción a los beneficios excarcelatorios.
Entre los cambios más relevantes, el delito de homicidio simple elevaría su escala penal de los actuales 8 a 25 años, a un nuevo rango de 10 a 30 años. La misma tendencia se aplicará a conductas como lesiones leves, lesiones por conducción imprudente, abuso de armas y distintos delitos contra la integridad sexual y la administración pública.
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El proyecto también establece que los delitos especialmente graves serán imprescriptibles, lo que implica que podrán ser investigados y juzgados sin límite temporal. Entre ellos se incluyen:
– Homicidios agravados
– Abuso sexual en todas sus modalidades y grooming
– Producción y distribución de material de abuso sexual infantil
– Corrupción de menores y explotación sexual
– Trata de personas
– Secuestro extorsivo
– Terrorismo y financiamiento del terrorismo
– Tráfico y contrabando de estupefacientes
– Delitos contra el orden constitucional
– Procesos contra organizaciones criminales
Según el Ejecutivo, la intención es “evitar que crímenes de extrema gravedad queden impunes por el paso del tiempo”.
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El nuevo Código prevé que el 82% de los delitos tengan cumplimiento efectivo de prisión, reduciendo drásticamente la aplicación de condenas en suspenso. Además, se endurecen los criterios para acceder a la liberación anticipada: delitos como homicidio, robo seguido de muerte, robo con armas y reincidencia quedarán excluidos de este beneficio.
Asimismo, las penas perpetuas no tendrán límite temporal y se ampliará el marco de la legítima defensa, una de las modificaciones centrales promovidas por el Gobierno.
Otro de los puntos destacados es la caída automática de la jubilación de privilegio para funcionarios públicos que resulten condenados por delitos vinculados al ejercicio de sus cargos.
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Entre las modificaciones más significativas se encuentran:
– Homicidio simple: de 10 a 30 años (actual: 8 a 25).
– Lesiones leves: de 1 a 3 años (actual: 1 mes a 1 año).
– Lesiones por conducción imprudente: de 2 a 6 años en su figura simple y de 3 a 6 años en la agravada.
– Abuso de armas: hasta 6 años (actual: máximo de 3).
– Pornografía infantil: de 3 a 12 años (actual: 3 a 6).
– Posesión de pornografía infantil: de 4 a 12 años.
– Privación ilegal de la libertad: de 1 a 4 años (actual: 6 meses a 3).
– Trata de personas: de hasta 10 años en su figura simple y 6 a 15 años en la agravada.
– Hurto: de 1 a 3 años (actual: 1 mes a 2 años).
– Robo simple: de 3 a 8 años.
– Estafa: de 1 a 8 años más multa.
– Usurpación: de 3 a 10 años.
– Agresiones en manifestaciones: de 2 a 5 años; y de 3 a 9 si la víctima es un funcionario.
– Portación de armas: de 3 años y 6 meses a 6 años y 6 meses.
– Cohecho: de 3 a 10 años.
Además, delitos como robos especialmente agravados, estragos con peligro de vida, tenencia de armas de guerra y portación ilegal de armas de fuego de uso civil tendrán cumplimiento efectivo obligatorio.
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Con este proyecto, el Ejecutivo busca instalar un sistema más rígido frente al delito, con penas más altas, menor margen de excarcelación y un esquema severo para crímenes graves o vinculados a organizaciones criminales.
El texto deberá ahora avanzar en el Congreso, donde se espera un fuerte debate entre bloques oficialistas y opositores por el impacto jurídico y social de la reforma.
Fuente: TN
