La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió hoy dictamen favorable al proyecto de Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas, con el respaldo del Frente de Todos y bloques provinciales, y pese al rechazo de Juntos por el Cambio.
De esta forma, el proyecto que establece un pago por única vez a las personas que tengan un patrimonio superior a los 200 millones de pesos, ya estará en condiciones de ser tratado en una sesión del cuerpo.
El dictamen de mayoría emitido esta tarde consiguió el respaldo de 27 firmas que fueron cosechadas por el Frente de Todos, Córdoba Federal, y el Frente de la Concordia de Misiones, mientras que el dictamen de minoría presentado por Juntos por el Cambio reunió 22 firmas.
El apoyo de los cuatro diputados de Córdoba y de tres legisladores del Frente e Concordia, a los que se sumarán tres de Unidad Federal para el Desarrollo, 1 de Juntos por Río Negro y el monobloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN) es considerado clave para sancionar la iniciativa.
Los apoyos de estos bloques son fundamentales porque, por tratarse de una ley impositiva, requiere de 129 votos (la mitad más uno del total), lo que supera el volumen de avales propios del Frente de Todos, que cuenta con 117 diputados en condiciones de votar.
Además, también podrían votar a favor el bloque de Consenso Federal, dos del Partido Justicialista (PJ) y los dos socialistas que forman parte del Interbloque Federal, dijeron fuentes parlamentarias.
El presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, explicó que para calcular el patrimonio de la persona física no se tomará la declaración de bienes presentada de diciembre de 2019, sino desde la fecha de promulgación de la ley para «evitar planteos de retroactividad».
En ese sentido, el legislador oficialista destacó que se «modificó el criterio de la fecha de aplicación del cálculo para determinar el valor del aporte», que se había fijado el 31 de diciembre y se llevó «a la fecha de promulgación de la presente ley».
También informó que no se aplicará a los personas que no tengan residencias en la Argentina, es decir las empresas multinacionales que tienen domicilio en sus países.
Al defender el proyecto, Heller dijo que la mitad de la recaudación provendrá de las «253 personas que tienen fortunas superiores a 3.000 millones de pesos, que aportarán 153 mil millones de pesos, y otras 372 que tienen patrimonio entre 1.500 y 3.000 millones, con lo cual 625 aportarán 180 mil millones de pesos de los 307 mil millones que se quieren recaudar».
Según el informe que Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó el lunes en la comisión, se espera recaudar $307.000 millones (1,1% del PBI del corriente año), que alcanzaría a un universo potencial de 9.298 personas.
De ese total, 7.438 ya presentaron sus declaraciones juradas de Bienes Personales y otros 1.860 todavía no lo hicieron, declara el informe de AFIP.
En tanto, el radical Luis Pastori, señaló que reconocen que «el dictamen oficial mejoró con respecto al original» y citó el ejemplo de la retroactividad, aunque señaló que «subsisten vicios» que los llevan a «rechazarlo”.
“Primero insistimos en que se trata de un Impuesto y no de un Aporte, lo que intenta dejarlo al margen de las garantías y principios constitucionales que imperan en la materia, como la no confiscatoriedad”, dijo.
Agregó que “el propio informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso» les da «la razón» e indicó que esto se refleja «en el comienzo del informe, en el que habla claramente de que se trata de un impuesto”.
El diputado cordobés Paulo Cassineiro respaldó el proyecto, pero señaló su preocupación por considerar que «existe una desventaja para los empresarios nacionales que generan trabajo, que lo tendrán que pagar, y no aquellas multinacionales con residencia fuera del país» y preguntó «si no había posibilidades de que no paguen por sus acciones».
En ese sentido, Heller dijo que «si no se tienen en cuenta las acciones, solo se podría cobrar sobre sus viviendas o casas de fin de semana» y destacó que este aporte obligatorio tendrá una asignación especifica para afrontar las consecuencias de la pandemia.
En ese sentido, el dictamen establece que el 20% de la recaudación se destinará a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria, 20% a las pymes, 15% a los programas para el desarrollo de los barrios populares, 20% a becas al programa integral de becas Progresar y 25% programas de exploración y desarrollo de gas natural, a través de Enarsa»,.
El proyecto prevé el cobro de una tasa del 2 por ciento a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley mas de 200 millones de pesos.
Esa tasa se elevará al 2,25% en casos de fortunas entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% 600 a 800 millones.
La tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 y 1500 millones, al 3,25% para fortunas de 1500 millones de pesos a 3000 millones, y a partir de esa cifra será del 3,5%.
Fija también que por el total de bienes en el exterior se tributará un recargo del 50% sobre la alícuota que le correspondería; pero si la persona trae el 30% de sus tenencias financieras que tienen declaradas afuera, el diferencial se elimina y paga por todo como si lo tuvieran en el país
