El Parlamento Europeo denunció este jueves abusos sistemáticos de los derechos humanos en Nicaragua e instó a la Unión Europea (UE) a adoptar sanciones contra el presidente del país, Daniel Ortega, y a miembros de su entorno, así como a jueces y fiscales que favorezcan la persecución de opositores.
En una resolución no vinculante adoptada en la sede del Parlamento Europeo de Estrasburgo, Francia -la séptima de esta Legislatura sobre Nicaragua-, los eurodiputados condenaron lo que describieron como “generalizada de violaciones sistemáticas y deliberadas” de derechos humanos en el país centroamericano.
Los eurodiputados consideran que los abusos, que se remontan a una ola de protestas opositoras de 2018, no son hechos aislados, sino que buscan “desmantelar la separación de poderes y las garantías democráticas y concentrar todo el poder” en Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo.
La resolución condena de forma específica la deportación de más de 200 presos políticos y la retirada de su nacionalidad, ya que considera que se trata de medidas contrarias al derecho internacional.
Asimismo, el documento aprobado demanda al Gobierno de Nicaragua “que demuestre que el obispo Rolando Álvarez está vivo”, y refuerza el “llamado en favor de su liberación inmediata e incondicional” así como la “todos los presos políticos”, informó la agencia de noticias Europa Press.
En marzo, un órgano digital de prensa divulgó una fotografía y un corto video en que se puede ver al obispo Álvarez al recibir la visita de familiares en un penal próximo de la capital nicaragüense, Managua.
En febrero de este año, Álvarez fue condenado a 26 años de cárcel y además privado de su nacionalidad nicaragüense y sus derechos ciudadanos a perpetuidad.
El caso de Álvarez es motivo de tensiones entre el Gobierno de Ortega y la Iglesia Católica, en un contexto en que las relaciones de Nicaragua con el Vaticano están al borde de la ruptura total.
MIRÁ TAMBIÉN | La ONU denuncia arrestos arbitrarios en Nicaragua
El encargado de negocios del Vaticano en Nicaragua, Marcel Diouf, abandonó el país el 17 de marzo. Hace un año Ortega expulsó el nuncio, Waldemar Stanislaw Sommertag.
Los legisladores también pidieron en la resolución que la UE “amplíe la lista de personas y entidades sancionadas para incluir a Daniel Ortega y su círculo más cercano”.
La UE mantiene a 21 funcionarios nicaragüenses en su lista de sancionados.
El paquete original de sanciones de la UE contra Nicaragua había sido adoptado en 2019 e incluía a seis personas, aunque la lista de sancionados fue gradualmente aumentando, incluyendo a hijos de Ortega y Murillo.
Todas estas personas tienen vetada la obtención de visas para ingresar a la UE, y eventuales activos que posean en el territorio del bloque resultan congelados.
Los eurodiputados esperan que la cumbre de julio con países latinoamericanos, la primera en ocho años, sirva de “oportunidad” para relanzar los mensajes en favor de los derechos humanos.
También plantean que haya una declaración en la que se exija el respeto de derechos y libertados tanto en Europa como en América Latina.
La rendición de cuentas que contempla la resolución incluye desde la activación de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica a un llamado para que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) examine si Nicaragua ha violado la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Además, propone a los Estados miembro que hagan uso de la jurisdicción universal para abrir sus propios procesos, tomando como referencia las pruebas que han recopilado los expertos de la ONU y que acreditan ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y actos de tortura física y psicológica.
Fuente: Télam / AFP
