El proyecto de Ley que suspende entre el 20 de marzo de 2020 y hasta el 30 de junio de 2021 el cómputo de plazos en procesos de concursos y quiebras fue aprobado hoy por la Cámara de Senadores de la Nación, y la iniciativa ahora regresa a Diputados en segunda revisión debido a que que se le introdujeron varias modificaciones al texto votado por ese cuerpo.
La iniciativa obtuvo el apoyo de la bancada del Frente de Todos y sus aliados, en tanto que Juntos por el Cambio votó en contra.
Los cambios, anunciados por la presidenta de la Comisión de Legislación del Senado, la oficialista correntina Ana Almirón, determinan que el proyecto regrese a la Cámara baja, debido a que modifican la iniciativa original votada por ese cuerpo.
Almirón mencionó que uno de los cambios es la “ampliación de la vigencia de esta ley hasta el 30 de junio de 2021” y destacó que “extender este plazo es propicio porque va a tender a la recuperación de las empresas”.
Otra incorporación relatada por la legisladora es “establecer el plazo para que quienes presentaron un pedido de concurso se vean beneficiados y la fecha de corte sea el 20 de marzo de este año, que es cuando el Gobierno nacional decretó las medidas de aislamiento por la pandemia”.
El proyecto extiende hasta el 30 de junio de 2021 (originalmente era hasta el 31 de marzo de ese mismo año) el plazo de emergencia para suspender los procesos de concursos preventivos y quiebras, con excepciones.
Además, se incluyó un párrafo para incluir en la norma los procesos concursales que se hayan iniciado desde la declaración de la emergencia sanitaria por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
Entre los que quedan fuera del alcance de los beneficios del proyecto de ley figuran aquellas empresas que realicen giros o transferencias al exterior, especialmente a países de baja o nula tributación, y aquellos que realicen operaciones en los denominados “dólar contado con liqui” o MEP.
También quedan exceptuados del beneficio aquellas firmas que hayan constituido cualquier activo financiero en el exterior y no se haya efectuado su repatriación dentro del período establecido por la norma.
Por otro lado, el proyecto también establece que en el caso de los nuevos juicios iniciados a partir de la vigencia de la ley, el plazo será de 180 días pudiendo el juez, a pedido del deudor, en las condiciones establecidas por dicha norma, extenderlo por única vez en sesenta días adicionales.
Además, el texto suspende “en pleno derecho y sin requerimiento de parte los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras; la totalidad de las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias; la prescripción y caducidad de los créditos».
Se prohíben también «nuevos embargos sobre cuentas bancarias, excepto para el caso de los procedimientos de comprobación y pronto pago de créditos laborales, y créditos de origen alimentarios».
La discusión del proyecto, que tuvo el acuerdo de todas las bancadas, se puso álgido cuando la correntina Almirón mencionó que “la pandemia para las empresas venía de los cuatro años anteriores” y remarcó que “alrededor de 25 mil pymes se perdieron en los años del gobierno de Mauricio Macri”.
Almirón también enumeró los programas de ayuda estatal que impulsó el gobierno de Alberto Fernández y pronosticó que las empresas se recuperarán en poco tiempo.
“Me gustaría vivir en ese país”, fustigó la radical tucumana Silvia Elías de Pérez, y dijo que “en este gobierno más de cincuenta mil pymes cerraron”, al tiempo que aseguró que “nunca un gobierno como el actual hizo tantas cosas malas para que la economía no funcione”.
Por su parte, el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, aseguró que “en 2019 el 61 por ciento de las empresas fueron a concurso preventivo” y destacó que “once empresas quebraban por día hábil”.
“Eso fue consecuencia del fracaso del programa económico que tenía el gobierno de Macri. Muchos empresarios se dedicaron a la especulación financiera”, afirmó el legislador oficialista.
Desde la oposición, el titular de la bancada de Juntos por el Cambio, el formoseño Luis Naidenoff, argumentó que el proyecto modificado en el Senado “golpea a las pymes”.
Además, le respondió al oficialista Juan Mario País quien había llamado “especuladores seriales” a los que pretendían votar la ley tal como vino de Diputados.
“Escuché que nos llamaron ‘especuladores seriales’ a los que queremos votar la ley como está de Diputados. ¿Acaso el jefe del bloque del Frente de Todos de la otra cámara (Máximo Kirchner) votó esto para proteger a los especuladores?”, se preguntó el legislador de origen radical.
