El Gobierno nacional obtuvo un triunfo clave en el Senado al aprobar la reforma laboral por 42 votos contra 30, tras más de quince horas de debate. La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei como eje de su agenda económica, fue respaldada por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales. Ahora el proyecto será tratado en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley antes del 27 de febrero.
La votación consolidó una mayoría heterogénea que incluyó a los 20 senadores libertarios, 10 radicales y aliados del PRO y fuerzas provinciales como el Frente de la Concordia Social, Provincias Unidas, el Frente Cívico, Independencia, Despierta Chubut, La Neuquinidad y Primero los Salteños. En contraposición, el interbloque peronista —integrado por el Justicialismo, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero— reunió 28 votos negativos, a los que se sumaron dos legisladores de Santa Cruz.
Entre los principales puntos del proyecto se destacan incentivos fiscales para promover el empleo formal, topes a las indemnizaciones por despido, la habilitación de convenios colectivos por empresa, la creación de un banco de horas y la fijación de límites al derecho de huelga en servicios esenciales. También se establece la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar despidos con aportes empresariales diferenciados según el tamaño de la firma.
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Durante el tratamiento en particular, el oficialismo rechazó las modificaciones impulsadas por el peronismo. Uno de los debates más sensibles fue el referido a los aportes obligatorios a gremios y cámaras empresariales. Finalmente, se mantuvo el esquema con topes del 2% para sindicatos y del 0,5% para cámaras, sin plazo de vigencia. En ese tramo, el oficialismo consiguió 40 votos afirmativos.
Otro punto de negociación fue la incorporación, como anexo, del traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, ante la imposibilidad reglamentaria de tratarlo como proyecto independiente en sesiones extraordinarias. Además, se ratificó que el pago de salarios continuará habilitado exclusivamente a entidades bancarias, salvo que las billeteras virtuales se adecuen a la normativa del Banco Central.
El debate político fue intenso. La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió la reforma al señalar que la legislación vigente es “obsoleta” y que la modernización permitirá dinamizar el sector privado. Desde el oficialismo argumentaron que la normativa busca reducir la litigiosidad laboral y generar condiciones más previsibles para la contratación.
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En cambio, el jefe del interbloque peronista, José Mayans, calificó el proyecto como “inconstitucional” por considerar que vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y tratados internacionales. El senador Mariano Recalde sostuvo que la iniciativa no garantiza creación de empleo y advirtió que implica un retroceso en derechos laborales históricos.
El respaldo de gobernadores como Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Ignacio Torres, Rolando Figueroa, Juan Pablo Valdés, Martín Llaryora y Hugo Passalacqua fue determinante para alcanzar la mayoría. La sesión, que comenzó a las 11.13 y concluyó cerca de las 4 de la madrugada, expuso el alineamiento de sectores provinciales con la estrategia legislativa del Ejecutivo.
Con la media sanción asegurada, el foco se traslada a Diputados, donde el oficialismo deberá reeditar la alianza parlamentaria para evitar cambios sustanciales. La reforma laboral se posiciona como la iniciativa más relevante tras la aprobación del Presupuesto 2026 y la ley Bases, y su desenlace será determinante para la arquitectura del mercado de trabajo en la etapa final del primer tramo de gestión de Milei.
Fuente: Noticias Argentinas.
