El Tribunal Constitucional de Perú anuló la investigación y el proceso judicial contra el expresidente Ollanta Humala por presuntos aportes irregulares a sus campañas electorales de 2006 y 2011. La decisión deja sin efecto la condena de 15 años de prisión que cumplía en el penal de Barbadillo y abre el camino para que recupere la libertad.
El máximo tribunal declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por Humala al considerar que durante el proceso se vulneraron los principios de legalidad y tipicidad vinculados al derecho a la libertad personal. En consecuencia, resolvió anular todas las actuaciones judiciales derivadas de la causa.
La medida también beneficia a su esposa, Nadine Heredia, quien estaba involucrada en el mismo expediente y había solicitado asilo en Brasil. Ambos eran investigados por presuntos aportes provenientes de la constructora brasileña Odebrecht y del entonces gobierno del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
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En su fallo, el Tribunal Constitucional sostuvo que, al momento de los hechos investigados, la legislación peruana no contemplaba esos aportes de campaña como una modalidad del delito de lavado de activos. Por ello, concluyó que la imputación carecía de sustento jurídico y violaba el principio de legalidad penal.
El tribunal ordenó que el juzgado competente defina la situación jurídica de Humala una vez que sea notificado formalmente de la resolución. Además, dejó sin efecto la sentencia condenatoria dictada en 2025 y todas las resoluciones posteriores relacionadas con el caso.
La decisión convierte a Humala en el primer expresidente condenado en el marco del escándalo Lava Jato en Perú que será excarcelado por una resolución del Tribunal Constitucional. El criterio aplicado es similar al utilizado anteriormente para archivar el proceso por lavado de activos contra la actual presidenta, Keiko Fujimori.
Fuente: DW.
Imagen: Angela Ponce/Anadolu Agency/picture alliance.
