El Tribunal Oral Federal 2 declaró improcedente la solicitud de diputados y senadores de Unión por la Patria para ingresar al domicilio de Cristina Kirchner sin aprobación previa, en el marco de su prisión domiciliaria.
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El Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) declaró “improcedente” el planteo de diputados y senadores de Unión por la Patria (UP), quienes pretendían ingresar sin restricciones al domicilio donde Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena por corrupción en la causa Vialidad. La solicitud había sido presentada en calidad de “aclaratoria”, pero fue rechazada por extemporánea.
Según el fallo firmado por el juez Jorge Gorini, la presentación resulta “improcedente en lo formal”, ya que venció el plazo legal para este tipo de recursos. Además, el tribunal recordó que en la resolución del 17 de junio se estableció como pauta que la defensa de la expresidenta debía presentar una nómina de personas autorizadas a visitarla en su departamento de la calle San José al 1111, en el barrio porteño de Constitución.
Desde el bloque de UP, los legisladores argumentaron que sus fueros parlamentarios les permiten concurrir a visitar a la exmandataria sin requerir permiso judicial. “No necesitamos autorización alguna para tener contacto personal con la expresidenta”, indicaron, al tiempo que denunciaron una supuesta vulneración a la división de poderes.
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Los jueces del TOF advirtieron que permitir el ingreso sin autorización “neutralizaría la esencia de la regla impuesta”, que prevé el análisis individual de cada visita no contemplada en la lista oficial. También remarcaron que no se trata de una situación ordinaria y que la prisión domiciliaria incluye condiciones específicas, como cualquier otra modalidad de cumplimiento de pena.
Mientras tanto, el tribunal convocó a una audiencia para definir las condiciones exactas del régimen de visitas, luego del revuelo generado por la negativa a los legisladores peronistas, que consideran a Cristina Kirchner una figura política clave y solicitaron respeto por su investidura.
La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras ser encontrada culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Actualmente cumple prisión domiciliaria en el marco de esa sentencia, dictada en 2022 y ratificada por instancias superiores.
Fuente: TN
Foto: Archivo
