La institución manifiesta su preocupación por la vulneración de los derechos lingüísticos en comunidades con lenguas cooficiales.
El Consejo de Europa ha expresado su “profunda preocupación” ante las sentencias judiciales que exigen un mínimo de clases en castellano en comunidades autónomas con lengua oficial, como Cataluña. En un reciente informe de evaluación sobre la implementación de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, los expertos alertan sobre las implicaciones de estas decisiones, que consideran que infringen los compromisos asumidos por España en la protección de las lenguas regionales.
MIRÁ TAMBIÉN | Una manada de monos salvó a una niña de un intento de violación en India
El informe destaca que, al suscribir la carta, España optó por “el máximo nivel de protección” de las lenguas minoritarias, lo que implica que estas deben ser utilizadas como lengua vehicular en la educación, con excepciones únicamente para las clases de lengua española y lenguas extranjeras. Esta perspectiva busca garantizar el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales, en línea con el reconocimiento de la diversidad cultural del país.
Los expertos del Consejo han subrayado la necesidad de aplicar este principio de manera “flexible”. Aseguran que, en contextos sociolingüísticos específicos, el uso del castellano como lengua vehicular puede ser necesario para asegurar su aprendizaje. Sin embargo, enfatizarán que imponer un porcentaje mínimo de clases en castellano contradice los compromisos adquiridos por España bajo el artículo 8 de la carta.
MIRÁ TAMBIÉN | La producción de café de Colombia superó su meta anual
La controversia se intensificó tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en 2020, que inició que los centros educativos debían impartir al menos el 25% de las clases en castellano. Esta decisión ha sido cuestionada por poner en riesgo el modelo de inmersión lingüística en la comunidad, donde el catalán se establece como lengua principal en la enseñanza.
El Consejo de Europa, al abordar esta problemática, invita a las autoridades españolas a reconsiderar estas sentencias ya trabajar en políticas que respeten y protejan la diversidad lingüística, asegurando así que los derechos de las lenguas regionales y minoritarias sean debidamente salvaguardados.
Fuente: EL PAÍS
Foto: THE OBJETIVE
