La defensa de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J» y principal acusado por el triple crimen de Florencio Varela, presentó una serie de recursos ante la Justicia Federal en los que denunció presuntas «condiciones inhumanas de encierro» en el penal de Marcos Paz. Además, cuestionó las pruebas en su contra y solicitó la revocación de su procesamiento.
El abogado Lucas Contreras Alderete interpuso un hábeas corpus en el que sostuvo que el régimen de aislamiento al que está sometido su defendido constituye una forma de «tortura y violencia institucional». Según argumentó, Valverde Victoriano permanece alojado en una celda individual, sin contacto con otros internos, bajo un esquema que excede los límites razonables del cumplimiento de una pena privativa de la libertad.
En el escrito judicial, la defensa afirmó que el aislamiento busca provocar un «daño excesivo e inconmensurable», al tiempo que pidió la inmediata liberación del acusado por considerar ilegal su situación de detención. De manera subsidiaria, reclamó que sea trasladado a otro establecimiento penitenciario o que se le permita mantener videollamadas con su madre y su hermana, residentes en Perú, al menos dos veces por semana.
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Paralelamente, el defensor apeló el procesamiento dictado por el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez, del Juzgado Federal N°2 de Morón, así como la prisión preventiva y el embargo de mil millones de pesos. Aseguró que la acusación presenta una «imputación genérica y precaria», sin precisar cuál habría sido la participación concreta de «Pequeño J» en los hechos investigados.
La estrategia defensiva también puso el foco en la valoración de las pruebas. Según sostuvo, el procesamiento se apoya principalmente en testimonios contradictorios y sin corroboración objetiva suficiente. En ese sentido, remarcó que no existirían registros materiales ni elementos concluyentes que acrediten la presencia del acusado en el lugar de los hechos o su intervención en la planificación y ejecución de los asesinatos.
«Pequeño J» está imputado por homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género por los crímenes de Lara Gutiérrez, de 15 años, y de Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20. Tras permanecer prófugo durante más de diez días, fue detenido en la localidad peruana de Pucusana luego de una intensa búsqueda internacional y posteriormente extraditado a la Argentina.
FUENTE: TN.
IMÁGEN: AP.


