La titular de NICADPI, Liliana Sauter, participó este martes una jornada de reclamo en la Plaza Independencia de Trelew, en el marco de una movilización nacional impulsada por instituciones de todo el país ante la falta de respuestas del Gobierno nacional. Denuncian que, pese a que la Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada por ambas cámaras y publicada en el Boletín Oficial, su aplicación fue suspendida.
“La situación actual es consecuencia de la falta de implementación de la ley”, explicó Sauter. “El dinero está disponible, pero hay una especie de empecinamiento en no liberar los fondos. Muchas instituciones están al borde del cierre porque no reciben ayudas ni del Gobierno provincial ni de otras fuentes”.
Según detalló, durante la última semana se intentó tres veces realizar una reunión del Directorio de Prestaciones de Discapacidad, destinada a discutir el aumento del nomenclador y la apertura de nuevas pensiones, pero fue suspendida en todas las ocasiones. “Incluso hubo conflictos porque no dejaban entregar una nota en la puerta de ANDIS”, señaló.
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Sauter advirtió que muchas entidades atraviesan una crisis financiera profunda, agravada por la falta de actualización de los aranceles y la incertidumbre sobre la continuidad de los subsidios provinciales. “Algunas instituciones no tienen para pagar los alquileres, y los prestadores están haciendo todo lo posible para sostener la atención”, remarcó.
En el caso de NICADPI, el gasto mensual asciende a 70 millones de pesos, mientras que las obras sociales solo cubren la mitad. “Recibimos un subsidio de 25 millones desde marzo, pero con los aumentos en combustibles, paritarias y servicios ya no alcanza. Hoy tenemos una deuda de 100 millones”, indicó.
La titular del organismo insistió en que lo urgente es actualizar el nomenclador y garantizar la continuidad de los subsidios: “El aumento prometido era del 70%, que igual no cubre todo, pero permitiría sostener la atención y pagar los aportes. Si no hay actualización, el déficit sigue creciendo”.
Sauter aseguró que el reclamo no es solo económico, sino también por la defensa de derechos fundamentales. “La falta de empatía, justicia y derechos queda totalmente expuesta. Por eso invitamos a las autoridades municipales, provinciales y a los legisladores que votaron la ley a acompañar este reclamo”, expresó.
Y cerró con un mensaje contundente: “El riesgo de cierre de las instituciones está latente. Esto genera angustia en las familias, en las personas con discapacidad y en quienes trabajan con ellas”.
