La Fiscalía de Estado de la provincia dio un paso significativo en la investigación del presunto delito de peculado que involucra a dos funcionarios de Vialidad Provincial.
En una audiencia reciente, la Fiscalía de Estado solicitó formalmente constituirse como querellante en la causa, representando los intereses de la provincia.
La presentación fue realizada por Martín Muñoz Rodríguez, con poder especial de Lucas Papini, Fiscal de Estado Adjunto. La solicitud contó con el respaldo de la fiscal María Bottini y el procurador de Fiscalía, Ismael Cerdá. El defensor particular, Raúl Alberto Vila, no presentó objeciones, y el juez Carlos Richeri admitió la constitución de la Fiscalía de Estado como querellante. Esto permite al organismo llevar a cabo una investigación autónoma o colaborar con la investigación en curso del Ministerio Público Fiscal.
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Detalles de la investigación
La causa investiga hechos ocurridos entre el 15 de enero y el 9 de febrero de 2024, en los que F.P., Ingeniero Jefe de Vialidad Provincial, y J.C.V., Jefe de la Sección Zona Noroeste de Vialidad Provincial, presuntamente sustrajeron 3.600 metros cúbicos de material árido de la Cantera Arroyo Fontana. Este material, compuesto por piedra y arena, pertenece a Vialidad Provincial y fue extraído sin la autorización del presidente de Vialidad Provincial, Hernán Tórtola, y sin seguir el trámite administrativo correspondiente.
Según la hipótesis de la investigación, los funcionarios permitieron y autorizaron a una empresa privada a extraer el material destinado al relleno de un callejón ubicado entre la Estancia Amancay y la sucesión López, en el ejido de Trevelin, beneficiando a tres propietarios particulares del sector.
Procedimientos y pericias
Durante los veinticinco días que duró la extracción del material, los funcionarios habrían ordenado a empleados subordinados de la cantera Arroyo Fontana que no controlaran la cantidad ni el destino del material, que no identificaran a los trabajadores de la empresa y que permitieran el ingreso de vehículos particulares sin control ni trámite alguno. Además, F.P. habría intentado apartar de su puesto al empleado R.S., cargadorista y cuidador de la cantera, para facilitar los trabajos de extracción.
Las pericias realizadas determinaron que el material sustraído tendría un valor aproximado de $4.320.000 (sin IVA) en el mercado, puesto en cantera sin zarandear.
Próximos pasos
Con la constitución de la Fiscalía de Estado como querellante, la investigación puede avanzar con mayor rigor y colaboración entre las distintas entidades involucradas. Se espera que en las próximas semanas se esclarezcan los detalles del caso y se determinen las responsabilidades correspondientes.
Fuente y foto: MPF.
