El Gobierno modificó la normativa vigente para permitir que las fuerzas federales utilicen armamento decomisado en causas judiciales. Antes, debían ser destruidas.
El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoriza a las fuerzas de seguridad federales a reutilizar armas decomisadas a bandas delictivas. La medida busca optimizar recursos y reducir costos en la compra de armamento, según el texto publicado en el Boletín Oficial.
Hasta ahora, el Estado estaba obligado a destruir las armas secuestradas en procedimientos judiciales. Con el nuevo decreto, una vez finalizados los procesos judiciales o administrativos, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) recibirá el armamento incautado y será el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, quien determinará su destino.
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El DNU modifica la Ley N° 25.938 y establece que las armas podrán ser destruidas o asignadas a las fuerzas de seguridad para su uso exclusivo. De esta forma, la Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal podrán incorporarlas a su equipamiento operativo.
Desde el Gobierno argumentan que, durante años, se han destruido miles de armas en condiciones de uso y que su reutilización permitirá reducir el gasto estatal en armamento, en línea con la política de control del déficit fiscal.
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La normativa también establece que se garantizará una estricta trazabilidad de las armas reutilizadas para evitar su extravío o malversación. El Ministerio de Seguridad será el encargado de establecer los controles sobre el uso y asignación de estos materiales.
El decreto se publicó en el Boletín Oficial y entró en vigencia de manera inmediata. Remitirán el decreto a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su análisis, conforme al procedimiento establecido para los Decretos de Necesidad y Urgencia.
Con información de Infobae.
Foto ilustrativa: PFA.
