El Gobierno español presentó una denuncia ante la justicia en la que asegura que los teléfonos celulares del presidente, Pedro Sánchez, y su ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron objeto de escuchas «ilegales» y «externas» a través del programa informático israelí Pegasus, intromisión que permitió el robo de «gran cantidad de información».
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional -un tribunal español que tiene jurisdicción en todo el territorio nacional- , las intrusiones se produjeron en mayo y junio de 2021, en el teléfono móvil de Sánchez, y en esta última fecha en el de Robles.
Los piratas informáticos extrajeron del teléfono del jefe del Gobierno una enorme cantidad de información: 2,6 gigas en la primera intrusión y 130 megabites en la segunda, mientras en el aparato de la titular de Defensa el robo fue menor: 9 megas.
El Gobierno desconoce cuál fue la información robada y su grado de sensibilidad, pero se trata, en ambos casos, de las líneas institucionales, no privadas.
«Estamos informando de hechos que están contrastados y que son fehacientes. No son suposiciones», declaró durante una conferencia de prensa convocada con carácter urgente, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que habló de «hechos de enorme gravedad» ocurridos en 2021.
«Tenemos la absoluta seguridad de que se trata de un ataque externo (…) porque en España, en una democracia como la nuestra, todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial», indicó Bolaños.
«En este caso, no se ha producido ninguna de las dos circunstancias», agregó. «Por eso tenemos la seguridad, no tenemos ninguna duda de que es una infección, es una intervención que es externa», subrayó el ministro que no precisó si las autoridades españolas manejan algún indicio sobre quién puede estar detrás de esta intervención ni de si piensan en algún país extranjero.
«Cuando hablamos de que es una intrusión externa, lo que queremos decir es que es ajena a los organismos estatales y que no cuenta con autorización judicial», precisó.
Sánchez anunció que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) abriría una investigación interna y se comprometió a «rendir cuentas».
Estas últimas revelaciones llegan en plena agitación política en España, donde el Gobierno de Sánchez lleva días en tensión con los independentistas catalanes, que acusan al CNI de haberlos espiado.
El caso explotó el 18 de abril, cuando Citizen Lab, un proyecto de ciberseguridad de la Universidad de Toronto, hizo público un informe que identificaba a más de 60 personas de la órbita independentista catalana que habrían tenido sus teléfonos móviles infectados entre 2017 y 2020 con el software de espionaje israelí Pegasus.
El Gobierno de Sánchez negó tajantemente estar involucrado y dijo que no tenía «nada que ver».
Líderes independentistas catalanes calificaron hoy la respuesta del ejecutivo como «insuficiente» y cuestionaron la conveniencia de estas revelaciones.
«Cuando el espionaje masivo es contra las instituciones catalanas y el independentismo, silencio y excusas. Hoy, todo son prisas. Hay que asumir responsabilidades ya», dijo el presidente regional catalán, Pere Aragonès, en su cuenta de Twitter.
«La doble vara de medir es evidente. Contra el independentismo, todo vale», agregó.
Entre los afectados por el espionaje denunciado hace dos semanas figuran el mismo Aragonés, por entonces vicepresidente regional; los expresidentes catalanes Quim Torra y Artur Mas; eurodiputados, diputados del Parlamento regional catalán y miembros de organizaciones civiles independentistas, según Citizen Lab.
El expresidente catalán y eurodiputado Carles Puigdemont, quien se fue a Bélgica para evadir la justicia tras la frustrada secesión de Cataluña en octubre de 2017, durante su mandato, no fue directamente atacado, pero sí muchas personas de su entorno, entre ellas su esposa, agregó el organismo canadiense.
Esta crisis tiene una dimensión seria para el Gobierno minoritario de izquierda de Sánchez, que necesita el apoyo en el Parlamento de la formación de Aragonès para mantenerse en el poder hasta agotar la legislatura, a final de 2023.
«El Gobierno español es el único responsable de este caso de espionaje, sea por acción o por omisión», criticó la portavoz del ejecutivo regional catalán, Patricia Plaja, que volvió a reclamar «una investigación profunda, pública, independiente» sobre el caso.
Figura de la línea dura del independentismo, la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, fue más allá y se preguntó si el gobierno estaba realizando «una maniobra para pasar de verdugos a víctimas». «No cuela», lanzó en Twitter.
Concebido por la empresa israelí NSO, el software Pegasus permite acceder en cuanto se instala en un celular a los servicios de mensajería y a los datos, además de activar el aparato a distancia para poder captar imágenes o sonido.
NSO siempre aseguró que solo vende Pegasus a Estados y que estas operaciones deben tener antes el visto bueno de las autoridades israelíes.
Según la ONG Amnistía Internacional, este software podría haberse usado para piratear hasta 50.000 teléfonos móviles en el mundo.
