A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Gobierno dispuso este miércoles la creación de un organismo regulador que se encargará de la licitación y adjudicación de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Lo hizo a través del decreto 556/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial, que determinó que el ente actuará como organismo descentralizado con autarquía administrativa, funcional y económico-financiera en el ámbito del Ministerio de Transporte, con personería jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado.
La medida, que se originó hace un año como resultado directo de la conformación del Consejo Federal Hidrovía, permitirá proteger los bienes públicos, y que el nuevo organismo sea el encargado de llevar adelante el proceso licitatorio nacional e internacional para la adjudicación de las obras, según se indicó.
«La creación de este ente es la inclusión de todos los actores del tema Hidrovía y estamos haciendo un proceso de federalización del tema Hidrovía. Los gobernadores hacía años ven pasar los buques y no tienen poder de decisión de lo que pasa», dijo al respecto el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.
En declaraciones a radio Continental, el funcionario señaló que «la idea es que el tema no quede sólo en manos de un Ministerio de Transporte, sino que participen otros ministerios como Producción e Interior».
«El proceso de 26 años de concesión de la Hidrovía está finalizando y necesita adaptarse a los tiempos que corren. Hay que tener una mirada integral de la vía navegable que no sea sólo sacar materia prima», puntualizó.
«Este ente va a diseñar los pliegos de licitaciones a futuro y tomar la gestión de las vías navegables con participación federal y democrática. La estatización sería que los trabajos de obra pública no fueran licitados pero el ente va a hacer los pliegos para la licitación y esto no es una estatización, se va a llamar a licitación para la obra pública. Pero sí se le da un rol central al Estado en el control», añadió.
«El Estado dejó de tener información de lo que sucedía en la vía navegable y sin información no se puede tomar decisiones. La importancia de las vías navegables es estratégica, ya que por ahí sale el 80% de las exportaciones nacionales», continuó.
Finalmente, destacó «la decisión del Presidente de llevar adelante este proceso de federalización de las vías navegables», a la que definió como «fundamental», y sostuvo que «por primera vez en 26 años los gobernadores de las vías ribereñas serán escuchados y van a poder decidir».
El ente tendrá su sede en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y fiscalizará el cumplimiento de los reglamentos y los marcos contractuales y regulatorios mediante auditoría, control, inspección, regulación y seguimiento de las materias administrativas, ambientales primarias, económico-financieras, legales, determinación y modificación de traza, tarifarias y técnicas de los contratos de concesión de obra pública, se indicó.
Además, controlará otros contratos que pudieran realizarse para el desarrollo de trabajos de modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y balizamiento, de dragado y redragado, control hidrológico o de actividades complementarias a aquellos, entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río De La Plata exterior.
La dirección del ente estará a cargo de un Consejo Directivo integrado por 15 miembros, que tendrán carácter «ad honorem» y serán designados por el Poder Ejecutivo.
El presidente o la presidenta será designado por el presidente de la Nación; vicepresidente primero y dos vocales a propuesta del Ministerio de Transporte; vicepresidente segundo y un vocal, del Ministerio del Interior; el vicepresidente tercero y un vocal, de Desarrollo Productivo; y siete vocales, a propuesta de cada una de las provincias signatarias del Acuerdo Federal Hidrovía.
Por otra parte, las tarifas y peajes que sean fijados en razón de concesiones otorgadas sobre la Hidrovía serán percibidos por el ente por cuenta y orden del concesionario o de los concesionarios y remitidas a éste o éstos, previa detracción de los montos que correspondan.
En relación con los próximos pasos a seguir, el futuro Administrador o Administradora General del Ente presentará a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través del Ministerio de Transporte, el proyecto de estructura organizativa del organismo con un plazo límite de 90 días.
