La reforma de corte ultraconservador contempla penas de prisión para conductas privadas, limita la libertad de expresión y fue duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho.
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Un nuevo Código Penal comenzó a regir este viernes en Indonesia y ya genera una fuerte polémica a nivel nacional e internacional. La reforma legal introduce penas de prisión para el sexo extramarital, la convivencia sin matrimonio, la promoción de la apostasía y la difusión de noticias falsas, en un giro conservador que ha sido criticado por expertos y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El texto, aprobado por el Parlamento en diciembre de 2022, establece que mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio puede ser castigado con hasta un año de cárcel, mientras que convivir como pareja sin haberse casado implica una pena de hasta seis meses de prisión. No obstante, la Policía solo podrá actuar si existe una denuncia presentada por familiares directos o la pareja legal, lo que deja fuera de alcance a los turistas extranjeros que visitan el país.
Indonesia, la nación con mayor población musulmana del mundo y la tercera democracia más grande del planeta, tiene en Bali a su principal destino turístico. Solo en 2025, la isla recibió alrededor de siete millones de visitantes internacionales, un dato clave en medio de la preocupación por el impacto de la nueva normativa.
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El nuevo marco legal también endurece las sanciones contra la difusión de noticias falsas, con penas de hasta seis años de prisión si se demuestra que la información, difundida a sabiendas de su falsedad, provoca disturbios o desorden social. Este apartado genera inquietud por su posible uso contra voces críticas en ámbitos políticos o económicos.
Asimismo, el Código Penal castiga con hasta cuatro años de cárcel la incitación pública al ateísmo o al abandono de la religión, especialmente si se demuestra el uso de amenazas, violencia o coerción. A esto se suma una pena máxima de tres años por “atacar el honor” del presidente o vicepresidente, siempre que las autoridades presenten una denuncia formal.
Aunque el texto aclara que la crítica basada en el interés público no constituye delito, defensores de la libertad de expresión advierten sobre el riesgo de que estas disposiciones sean utilizadas para limitar el trabajo de la prensa independiente y el debate público.
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La normativa también ratifica la prohibición de la promoción del comunismo y crea sanciones de hasta 18 meses de prisión para quienes afirmen poseer poderes sobrenaturales y los utilicen para causar daño a terceros.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch volvieron a expresar su preocupación por la entrada en vigor del código, al considerar que vulnera derechos fundamentales. En ese sentido, el experto en Derecho Penal Abdul Fikar Hadjar señaló que la ciudadanía puede recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar aquellas normas que contradigan los principios básicos del Estado y los derechos humanos.
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Indonesia, fundada sobre la ideología pluralista y secular de la “Pancasila” tras su independencia en 1945, atraviesa un proceso de creciente religiosidad y fortalecimiento de movimientos islamistas. Para numerosas ONG, este contexto explica la llamada “islamización” del país, que despierta temores de retrocesos democráticos tras décadas marcadas por la dictadura de Suharto.
Frente a las críticas, el ministro de Interior y Justicia, Yusril Ihza Mahendra, defendió la reforma al destacar que amplía las penas alternativas, como el servicio comunitario, y refuerza la rehabilitación médica y social en casos de consumo de drogas, con el objetivo de reducir el hacinamiento carcelario. Sobre el castigo al sexo extramarital, subrayó que la exigencia de una denuncia familiar busca evitar una intervención excesiva del Estado en la vida privada.
Fuente y foto: EFE
