La Fiscalía de Puerto Madryn llevó adelante una serie de allanamientos en domicilios particulares y comercios de distintos sectores de la ciudad en el marco de una investigación por presunto hurto de energía eléctrica.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la prestadora del servicio eléctrico, luego de que cuadrillas encargadas de supervisar el tendido detectaran posibles conexiones irregulares que no cumplían con las condiciones establecidas por el reglamento de conexión.
El secretario de Fiscalía, Gastón Alcucero, explicó que las primeras actuaciones permitieron confirmar las sospechas iniciales. “A partir de la denuncia se trabajó conjuntamente con la División Policial de Investigaciones y se constató que, de los seis domicilios denunciados, cinco presentaban conexiones de carácter irregular”, señaló.
Ante esos resultados, la Fiscalía amplió la investigación y requirió la intervención de personal técnico especializado para determinar si efectivamente se trataba de conexiones clandestinas.
“El informe fue contundente respecto de que cinco de los seis domicilios estaban en situación irregular, por lo que se solicitó al juez penal una orden de allanamiento debidamente fundamentada en elementos objetivos de prueba”, indicó Alcucero.
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El funcionario explicó que, desde el punto de vista jurídico, la conducta investigada encuadra en la figura de hurto de energía eléctrica. “La doctrina y la jurisprudencia han determinado que la energía eléctrica es un bien aprovechable y, por lo tanto, susceptible de ser objeto del delito de hurto”, precisó.
La pena prevista para este tipo de delitos va de un mes a dos años de prisión, aunque Alcucero aclaró que la situación particular de cada involucrado deberá evaluarse durante el proceso judicial.
Los procedimientos alcanzaron tanto a viviendas particulares como a establecimientos comerciales ubicados en distintos puntos de Puerto Madryn, sin concentrarse en un sector específico de la ciudad.
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Además del perjuicio económico que generan estas prácticas, desde la Fiscalía advirtieron sobre los riesgos que representan para la seguridad. “No se trata solamente de una irregularidad administrativa. Este tipo de conexiones implica un riesgo importante para quien las realiza y también para terceros”, remarcó el secretario de Fiscalía.
Asimismo, señaló que las conexiones clandestinas afectan la prestación del servicio eléctrico para el conjunto de los usuarios, ya que se realizan sin autorización ni estudios de factibilidad por parte de la prestataria.
La investigación se encuentra en una etapa preliminar y todavía no hay imputaciones formales. Sin embargo, Alcucero adelantó que en los próximos días podría solicitarse la apertura formal de la investigación preparatoria.
