Irán ejecutó este domingo a Mohamad Reza Ghaffari, señalado como el principal responsable de una estafa piramidal que durante más de una década engañó a decenas de miles de personas. Ghaffari era dueño de la empresa Rezaayat Khodro Taravat Novin, que ofrecía vehículos a precios reducidos como gancho para captar fondos de pequeños inversores.
Según datos del Poder Judicial iraní, el esquema iniciado en 2014 prometía la entrega de autos por debajo del valor de mercado, pero rápidamente se expandió al negocio inmobiliario y a supuestos planes de inversión. La operatoria terminó acumulando reclamos por más de 350 millones de dólares al cambio actual, con un total de 28.000 denunciantes. Solo el 4% de los inscriptos recibió el vehículo prometido.
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Ghaffari fue condenado a muerte por “perturbación a gran escala del sistema económico” y fraude en red. La sentencia fue ratificada por la Corte Suprema antes de concretarse la ejecución por ahorcamiento. En total, 28 personas fueron procesadas en la causa, aunque solo él recibió la pena máxima por su rol como organizador del esquema.
Irán mantiene la pena de muerte para una amplia variedad de delitos, desde homicidios y violaciones hasta casos de espionaje y fraudes financieros de gran magnitud. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, remarcan que el país es el segundo del mundo en número de ejecuciones anuales, una política que continúa generando críticas internacionales.
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La estafa dejó a miles de familias sin ahorros, en un contexto de inflación y dificultades económicas crecientes en Irán. El caso volvió a poner en debate la falta de controles sobre empresas que operan bajo esquemas de inversión no regulados. Para muchos afectados, la ejecución del empresario no compensa las pérdidas económicas ni garantiza la recuperación de los fondos defraudados.
Fuente: DW.
