La jueza Loretta Preska convocó al país a una audiencia para definir si se habilita el acceso a documentos confidenciales. La Corte de Apelaciones suspendió la entrega de acciones de YPF mientras se analiza la apelación del fallo de US$16.000 millones.
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La Justicia de Estados Unidos convocó a la Argentina a una nueva audiencia el próximo 29 de julio, en el marco del proceso judicial por la expropiación de YPF. La decisión fue tomada por la jueza Loretta Preska, quien planteó la posibilidad de habilitar un procedimiento de discovery, es decir, el acceso de los demandantes a documentos confidenciales del Estado argentino.
La audiencia será clave para definir si se permite o no ese acceso. Mientras tanto, Preska otorgó un plazo de dos semanas para que las partes —el Estado argentino y los fondos demandantes, encabezados por Burford Capital— intercambien escritos y evalúen si pueden acordar sobre qué documentación puede compartirse. En Casa Rosada descartan negociar por fuera del marco judicial y rechazan entregar información sobre activos embargables.
En paralelo, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió suspender de manera preventiva la entrega de acciones de YPF, una de las medidas impulsadas por Preska para ejecutar el fallo de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones. El tribunal impuso la suspensión mientras se analiza la apelación presentada por el Gobierno nacional.
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El Gobierno deberá presentar su réplica antes del 22 de julio. En tanto, el tribunal resolverá posteriormente si mantiene la suspensión o permite avanzar con el traspaso de acciones. En caso de un fallo adverso, el Ejecutivo ya anticipó que continuará con el proceso hasta llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Desde el oficialismo insisten en que una ejecución parcial del fallo “implicaría un daño irreparable” para el país. Además, advierten que la entrega de acciones podría significar un punto de no retorno, ya que los demandantes aclararon su intención de vender los títulos de YPF inmediatamente después de recibirlos.
La Procuración del Tesoro de la Nación ya inició los trámites para apelar la orden de ejecución, argumentando que una transferencia de ese tipo comprometería el orden legal argentino y colocaría al país ante una disyuntiva entre violar sus propias leyes o incumplir una orden extranjera.
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La causa se remonta a la expropiación de YPF en 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner nacionalizó el paquete accionario de Repsol, sin extender la oferta al resto de los accionistas, como indicaba el estatuto de la petrolera. Esa omisión fue el eje del reclamo legal que iniciaron Burford y Eton Park, tras adquirir los derechos del grupo Petersen, entonces accionista minoritario de la compañía.
La condena original de US$16.000 millones se incrementó a US$17.750 millones por intereses, convirtiéndose en uno de los fallos más costosos contra el Estado argentino en el extranjero. La resolución de la Corte de Apelaciones será determinante para el futuro del caso y para la estrategia judicial del Gobierno.
Fuente: TN
Foto: Archivo
