En la fase de discovery en Nueva York, el fondo inglés reclama mensajes y documentos de ministros y exfuncionarios argentinos para probar un supuesto vínculo de “alter ego” entre el Estado y empresas como YPF y el Banco Central. La Procuración del Tesoro afirma que la producción se complica por razones legales y técnicas.
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El conflicto internacional por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo judicial. Burford Capital, principal beneficiario del millonario juicio contra la Argentina en Estados Unidos, intensificó su reclamo ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para obtener comunicaciones, mensajes y documentos de 36 funcionarios y exfuncionarios. El pedido forma parte de la fase de discovery que supervisa la jueza Loretta Preska, en la que el fondo busca probar la existencia de una supuesta relación de alter ego entre el Estado argentino y empresas estratégicas como YPF, Banco Central, Banco Nación, Enarsa y Aerolíneas Argentinas.
El reclamo fue reiterado en una carta fechada el 8 de diciembre de 2025 y en una Joint Letter presentada ante Preska. Allí, Burford argumentó que la entrega de apenas “200 páginas de mensajes de WhatsApp” por parte de cinco funcionarios es insuficiente y evidencia, según el fondo, “una resistencia sistemática” del país a cumplir con la orden judicial. Para los demandantes, las comunicaciones “off-channel” ―es decir, por fuera de los canales oficiales― son información pública bajo la legislación estadounidense y argentina.
Del lado argentino, la Procuración del Tesoro respondió que ya se realizó “un esfuerzo considerable” para recolectar y revisar dispositivos personales de altos funcionarios y que la demora está asociada a la “complejidad y el volumen de la tarea”. Remarcó además que varios funcionarios actuales brindaron su consentimiento, mientras que quienes no lo hicieron están amparados por normas locales sobre privacidad y protección de datos personales.
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Entre los funcionarios del actual Gobierno incluidos en el pedido figuran el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller y exsecretario de Finanzas, Pablo Quirno; la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti; el secretario del Tesoro, Carlos Guberman; y autoridades de las áreas de Transporte, Energía y Política Económica. Caputo y Quirno se encuentran entre los seis funcionarios que, según Burford, se negaron a entregar sus comunicaciones personales, lo que el fondo considera clave para establecer la presunta coordinación entre el Gobierno y entidades estatales involucradas.
A la lista se suman 14 exfuncionarios de la administración anterior, entre ellos el exministro de Economía Sergio Massa, el exjefe de Gabinete Agustín Rossi y la exsecretaria de Energía Flavia Royón. De acuerdo con los documentos presentados ante el tribunal, algunos exfuncionarios ya colaboraron voluntariamente, como el exsecretario de Hacienda Raúl Rigo.
Mientras tanto, el litigio principal por la expropiación de YPF ―en el que Preska condenó en 2023 a Argentina a pagar más de USD 18.000 millones con intereses― espera definición en la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Burford intenta avanzar en paralelo en medidas que faciliten el cobro, entre ellas la búsqueda de pruebas que sustenten la teoría del alter ego para habilitar embargos sobre activos estratégicos como acciones de YPF.
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La disputa por el alcance del discovery, los criterios de búsqueda y la producción de documentos, incluidos mensajes SWIFT y bases de datos internas, mantiene la tensión entre las partes. Mientras Burford insiste en que Argentina está en “desacato”, el Gobierno afirma haber cumplido “en la medida de lo posible” y acusa al fondo de impulsar pedidos “desproporcionados e infundados”.
El tribunal deberá resolver en las próximas semanas si acepta los argumentos del fondo o si considera suficientes los avances del Estado argentino. La definición será clave para el futuro del proceso y para la posibilidad concreta de embargos sobre activos públicos.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
