A un año de su detención en Paraguay, el exsenador nacional Edgardo Kueider continúa bajo arresto domiciliario mientras avanza la causa por contrabando que lo llevó a ser imputado tras intentar cruzar el Puente de la Amistad con más de USD 200 mil sin declarar. El episodio ocurrió en diciembre de 2024, cuando personal de Aduanas lo interceptó al ingresar desde Brasil y le incautó dólares, pesos argentinos y guaraníes cuyo origen no pudo justificar.
El proceso por contrabando en grado de tentativa será elevado a juicio oral el 20 de abril de 2026 en Asunción. La pena máxima prevista es de dos años y medio. Si el tribunal impone una sanción cercana al máximo, el cumplimiento podría ser efectivo; de lo contrario, la pena sería condicional. Junto a Kueider también fue detenida Iara Guinsel Costa, excolaboradora y pareja del exlegislador, quien permanece con él en un departamento alquilado de la capital paraguaya.
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En Argentina, Kueider enfrenta dos investigaciones por enriquecimiento ilícito: una en el Juzgado Federal de San Isidro y otra en Concordia. La Corte Suprema deberá resolver cuál jurisdicción continuará con el expediente. Las causas se reactivaron tras detectar bienes y operaciones vinculadas a empresas asociadas al exsenador, entre ellas Betail SA, firmante de adquisiciones inmobiliarias que no se corresponderían con los ingresos declarados del exfuncionario.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó la extradición de Kueider, al considerar que los fondos secuestrados en Paraguay podrían estar relacionados con maniobras de lavado ligadas a la causa Securitas, en la que se investigan presuntos pagos irregulares de la multinacional para obtener contratos de seguridad en organismos públicos. Sin embargo, Paraguay no resolverá sobre el traslado hasta que concluya el juicio por contrabando.
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En los allanamientos ordenados en la Argentina se halló un dispositivo electrónico con videos de cámaras de seguridad de la Gobernación de Entre Ríos, donde se observa al entonces funcionario manipulando importantes sumas de efectivo. Mientras la defensa sostiene que se trataba de fondos reservados autorizados por el Ejecutivo provincial, la magistrada considera que podrían ser pruebas de una operatoria ilícita mayor. El futuro judicial de Kueider quedará atado al avance de ambos procesos.
Fuente: Infobae.
