La Administración de Península Valdés anunció que iniciará acciones legales tras el cierre unilateral de los caminos de acceso a los miradores de la zona por parte de la familia Ferro. La medida afecta puntos emblemáticos como El Mirador, La Boca de la Caleta y la pingüinera de Caleta y Cantor, espacios turísticos que atraen a miles de visitantes cada año.
Santiago Arnoldi, vicepresidente del organismo, declaró a Radio 3 que “es una situación bastante triste” y aclaró que, aunque la resolución no los sorprendió, se llegó a este punto luego de meses de negociaciones con Susana Cereijo, apoderada de la familia Ferro, iniciadas en junio de 2025.
Arnoldi explicó que la propietaria presentó exigencias económicas que la administración consideró inviables, solicitando un alquiler de 7.000 dólares mensuales por el usufructo de los miradores, además de exigir que la Administración realizara todas las mejoras y mantuviera la responsabilidad civil, sin comprometerse a realizar inversiones propias.
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“Nos lo dijo abiertamente: a ella la parte turística no le interesaba, ni haciéndola ella ni con un tercero”, afirmó Arnoldi. El funcionario destacó que los miradores llevan más de tres décadas siendo de uso público y que en otros sectores de la Península se mantiene una relación armoniosa entre propietarios y administración para ampliar la oferta turística.
La intransigencia de la familia Ferro llevó a la Administración a recurrir a la vía judicial como última instancia para proteger el turismo y garantizar el acceso a estos espacios. Arnoldi subrayó que se hicieron numerosos intentos de negociación, pero que el cierre intempestivo de los caminos dejó sin alternativas al organismo.
El vicepresidente remarcó la importancia de los miradores para la economía local y señaló que “cuando uno se sienta con otros propietarios para mejorar y ampliar la oferta, todos están dispuestos a resolverlo; aquí nos encontramos con una situación diametralmente opuesta”.
