El Gobierno analiza que la Agencia Nacional de Discapacidad deje de ser un organismo descentralizado para pasar bajo control directo del Ministerio de Salud. La medida se acelera tras los audios que comprometen a su exdirector Diego Spagnuolo.
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La Casa Rosada avanza en el análisis de una reforma administrativa que podría cambiar la estructura de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), envuelta en un escándalo por presuntas coimas en contrataciones con la droguería Suizo Argentina. Según confirmaron altas fuentes oficiales, el Ejecutivo estudia que la ANDIS deje de ser un organismo descentralizado y quede bajo la órbita directa del Ministerio de Salud, quitándole la autarquía financiera que le permitía administrar procesos de compra y licitación de manera independiente.
La decisión, acelerada tras la difusión de los audios del exdirector Diego Spagnuolo, busca garantizar mayor control sobre un organismo que hasta ahora funcionaba sin la supervisión política directa de las autoridades sanitarias. De hecho, la intervención dispuesta la semana pasada colocó al frente al funcionario Alejandro Vilches, hombre de confianza del ministro Mario Lugones, quien ya comenzó una auditoría integral.
La revisión se centra en el programa Incluir Salud, encargado de la cobertura médica de titulares de pensiones no contributivas, y en contratos recientes que involucran sumas millonarias. Entre ellos, la licitación adjudicada a Suizo Argentina por más de 78 mil millones de pesos para distribución de medicamentos y vacunas. Aunque desde el Gobierno aclaran que el contrato se factura solo por servicios prestados y que aún no se abonaron pagos, la investigación apunta a determinar si existieron irregularidades en el proceso.
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El oficialismo sostiene que los antecedentes permiten avanzar en una reorganización administrativa similar a la aplicada en otros organismos como el Hospital Bonaparte. La incógnita es si el Ejecutivo cuenta con herramientas legales para hacerlo sin las facultades delegadas de la Ley Bases, ya vencidas. Sin embargo, expertos en derecho administrativo señalan que el artículo 99 de la Constitución Nacional otorga al Presidente facultades para reorganizar la estructura interna de la administración pública.
Mientras la Justicia avanza en la causa judicial iniciada tras los audios de Spagnuolo, el Ministerio de Salud impulsa sus propias auditorías internas sobre las contrataciones y licitaciones realizadas en la gestión anterior. En el Gobierno insisten en que cualquier irregularidad deberá ser determinada por los tribunales, aunque remarcan que la decisión política es avanzar en una mayor centralización y control de la ANDIS para evitar nuevos escándalos.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
