La Confederación General del Trabajo (CGT) comenzará la próxima semana a debatir un nuevo plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei, con la intención de mantener la presión sindical sin recurrir de inmediato a otro paro general. La propuesta que gana terreno dentro de la central obrera está inspirada en las protestas realizadas en Francia durante 2023 contra la reforma previsional impulsada por Emmanuel Macron.
La iniciativa, promovida por dirigentes como Juan Carlos Schmid, plantea una modalidad de “huelga por escalada”, que consiste en realizar paros sectoriales coordinados y alternados. De esta forma, distintos gremios interrumpirían actividades en semanas sucesivas, evitando una paralización total del país y distribuyendo el costo económico entre los trabajadores.
El modelo fue utilizado por sindicatos franceses durante meses. Una semana se detenían los servicios ferroviarios, la energía o las refinerías; en otra, el transporte urbano, la educación o la recolección de residuos. Estas medidas eran acompañadas por movilizaciones permanentes, generando una presión política sostenida sobre el gobierno sin exigir largos períodos de inactividad a cada trabajador.
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Dentro de la CGT existe consenso sobre la necesidad de reactivar las protestas, aunque persisten diferencias respecto de la metodología. Mientras sectores más combativos, como los vinculados a la industria metalúrgica y al transporte ferroviario, impulsan un paro general de 36 horas, otros dirigentes consideran que una nueva huelga nacional podría tener escasa adhesión debido al temor de los trabajadores a perder ingresos o incluso sus empleos.
La propuesta será analizada primero por las confederaciones sindicales de la industria, el transporte, la alimentación y la energía. Luego pasará al Consejo Directivo de la CGT y eventualmente podría ser elevada al Comité Central Confederal para su aprobación formal. Algunos dirigentes ya denominan a esta estrategia como una “semana social de protesta”.
Sin embargo, la aplicación de este esquema enfrenta obstáculos legales. La legislación laboral vigente obliga a garantizar servicios mínimos en actividades consideradas esenciales y habilita al Gobierno a dictar conciliaciones obligatorias para suspender medidas de fuerza. Además, antecedentes recientes de sanciones millonarias contra gremios que incumplieron esas disposiciones generan incertidumbre sobre la viabilidad de replicar en Argentina el modelo que los sindicatos franceses utilizaron contra Macron.
FUENTE: Infobae.
IMÁGEN: Infobae.
