La Corte Suprema de Justicia ordenó hoy la creación de un Comité de Emergencia Ambiental para detener y controlar los incendios en la región del delta del Paraná, decisión que fue bien recibida por autoridades políticas y ONG’s ambientalistas, que consideraron que «llega en un momento oportuno y abre una esperanza» en defensa de los humedales.
Para el máximo tribunal, «existe prueba suficiente, de carácter público y notorio, de que los incendios irregulares, masivos y reiterados en el delta del Paraná han adquirido una dimensión que causa alarma en la población y una grave amenaza al ambiente».
El comité deberá estar integrado por el Estado Nacional (a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) junto a los gobiernos de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y a las municipalidades de Rosario y Victoria, quienes en un plazo de 15 días corridos deberán presentar al alto tribunal un informe sobre el cumplimiento de la medida ordenada.
El gobernador santafesino, Omar Perotti, dijo en su cuenta de Twitter que «el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación va en consonancia con los reclamos y las acciones de la provincia de Santa Fe, en el marco de los incendios irregulares en las islas del Delta del Río Paraná».
Y valoró «que el Comité de Emergencia Ambiental se constituya en el marco del Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (Piecas)».
«El fallo llega en un momento muy oportuno, cuando las medidas judiciales que se habían ido tomando en distintas jurisdicciones no habían logrado tener resultados para detener la crisis terrible provocada por los incendios en el Delta», manifestó a Télam Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Nápoli señaló que «es una orden del máximo tribunal de la Argentina y la idea es establecer algunas medidas orientadas a que las jurisdicciones se agrupen y tomen el tema en conjunto, porque es un tema interjurisdiccional».
«Es una especie de Comité, similar a la Cuenca Matanza-Riachuelo, en el que interviene el conjunto de las jurisdicciones que van a tener en claro la puesta en marcha del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento sostenible del Delta, conocido como Piecas, que desde hace muchísimo tiempo existe pero que no se ha podido llevar adelante», agregó.
«La intervención de la Corte abre una esperanza cuando se está tratando la ley de Humedales en el Congreso de la Nación y permite un apuntalamiento de esa situación, porque el Delta es uno de los tantos humedales que existen en el país, y que necesitan una normativa de carácter general pero un plan particular para ejecutar en el área que hace mucho tiempo viene postergándose», consideró Nápoli.
Para Leonel Mingo, responsable del sector Humedales de Greenpeace Argentina, «la medida de la Corte es bienvenida ya que no es frecuente que lo haga», aunque consideró que «se quedó a medio camino».
«Esta medida cautelar está enfocada y dirigida hacia las jurisdicciones estatales y no sobre los intereses económicos privados tales como la ganadería o el sector inmobiliario, que cada vez están más interesados en apropiarse de estas tierras», agregó Mingo a Télam.
Para el representante de Greenpeace es entendible «que la Suprema Corte haya juntado las cabezas, ya que la Argentina no tiene ninguna legislación que proteja los humedales».
También la asesora legal de la organización ecologista ‘El Paraná No se Toca’, Romina Araguas, celebró el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
«Celebramos la decisión, es buena porque involucra a la provincias, pero el fallo llega muy demorado», explicó a Télam la letrada y ambientalista rosarina.
«Lo importante es que se ponga en marcha el Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (Piecas), y la Corte pide que sea urgente», coincidió Araguas.
Este mediodía, los concejales rosarinos cruzaron el río Paraná para realizar una sesión extraordinaria en la escuela Marcos Sastre N° 1139, ubicada en la isla El Espinillo.
Allí aprobaron 19 proyectos para controlar las quemas «indiscriminadas» en las islas del río Paraná cercanas a su ciudad, en una sesión realizada para darle «visibilidad nacional a la emergencia ambiental».
Sin embargo, ambientalistas rosarinos cuestionaron la decisión adoptada para reforestar las islas afectadas por los incendios por considerarlo una “antropización” de los humedales, ya que la naturaleza “se reconstituye sola», dijeron.
