La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, denunció un aumento de las amenazas contra su familia en plena escalada de la tensión política en el país, inmerso en un contexto de fuerte inseguridad y en momentos en que el presidente Guillermo Lasso gobierna por decreto en un período de interinidad previo a la convocatoria de elecciones presidenciales y legislativas el 20 de agosto.
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En un comunicado difundido este jueves, la Fiscalía General informó que «además de los recientes y continuos ataques a la institucionalidad del Estado, en las últimas horas, las amenazas directas a la integridad de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado y de su familia han escalado».
La institución rechazó el amedrentamiento en un video enviado por WhatsApp contra Salazar, lo cual atribuyó a su cumplimiento irrestricto de las competencias constitucionales.
«Esta institución rechaza todo intento de amedrentamiento que se da por el cumplimiento irrestricto de las competencias constitucionales encomendadas y reafirma su compromiso de trabajar de manera técnica y objetiva», tuiteó el organismo público.
También apeló a la comunidad internacional a estar «vigilante».
La Policía ofreció sus «mejores unidades de investigación» para esclarecer estas amenazas, según declaraciones que recogió la agencia de noticias Europa Press.
El presidente Guillermo Lasso también dio su «apoyo y solidaridad» a Salazar y precisó que «el Estado tiene que alinearse en la defensa democrática de las instituciones».
«Los ecuatorianos no podemos tolerar que los grupos criminales y sus actos terroristas amenacen la vida de una autoridad del Estado y pretendan el control de las instituciones de justicia, agregó.
Salazar, que enfrenta una denuncia por presunto plagio de su tesis universitaria, fue convocada a comparecer ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cppcc), sobre las calificaciones que obtuvo en el concurso público de méritos para el cargo actual y el presunto plagio.
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La fiscal calificó de «vendetta» el proceso iniciado en su contra y adelantó que no acudirá a la audiencia al considerar que el CJ y el Cpccs se están arrogando funciones, dado que la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo que solo puede ser llamado a comparecer por la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), disuelta recientemente.
Fuente: Télam.
