El Tribunal Supremo británico comenzó a analizar hoy la legalidad del proyecto independentista en Escocia, cuyo gobierno regional pretende convocar un segundo referendo de autodeterminación en 2023 pese a la oposición de Londres.
Cinco jueces, encabezados por el presidente del Tribunal Supremo, Robert Reed, iniciaron dos días de audiencias en Londres escuchando los argumentos de la Lord Advocate, Dorothy Bain, representante legal del Ejecutivo autónomo de Escocia.
«La política del gobierno escocés defiende que se organice un referendo», aseguró Bain ante los magistrados.
El Partido Nacional Escocés (SNP), liderado por la ministra principal Nicola Sturgeon, que gobierna esta nación británica de 5,5 millones de habitantes, quiere organizar una votación consultiva con la pregunta «¿Debe Escocia ser un país independiente?».
Escocia ya celebró un referendo soberanista en 2014, en que el 55% votó a favor de permanecer en el Reino Unido.
Sin embargo, en aquella ocasión contaba con el acuerdo del gobierno conservador británico de David Cameron, a diferencia de ahora, que choca con la oposición de la primera ministra Liz Truss, también conservadora.
Como su predecesor y correligionario, Boris Johnson, la primera ministra defiende que este tipo de consultas solo se pueden permitir «una vez en una generación».
En 2014, el principal argumento contra la secesión fue que esta dejaría a Escocia fuera de la Unión Europea (UE).
Sin embargo, y paradójicamente, dos años más tarde el referendo sobre el Brexit -contra el que votó el 62% de escoceses- acabó sacando a la región del bloque comunitario precisamente por haber permanecido en el Reino Unido.
Argumentando que esto cambió completamente la situación, Sturgeon proyecta una nueva convocatoria para la que ya fijó fecha: el 19 de octubre de 2023.
No obstante, ante la negativa del Partido Conservador y del opositor Partido Laborista, que dominan el Parlamento británico, la líder del SNP quiere hacerlo bajo la cobertura de una legislación aprobada a tal efecto por la cámara regional escocesa.
Eso es precisamente lo que deberán determinar los jueces de la más alta jurisdicción del país: si Escocia tiene capacidad para legislar al respecto.
«Si Westminster tuviera algún respeto por la democracia escocesa, esta audiencia judicial no sería necesaria», lanzó Sturgeon ayer en el congreso del SNP en la ciudad de Aberdeen.
El SNP fue el partido más votado en Escocia en las elecciones de 2021, luego de hacer campaña con la promesa de celebrar una consulta legal sobre la independencia una vez superada la pandemia de Covid-19.
Los sondeos muestran ahora a la opinión pública en Escocia casi dividida por igual a favor y en contra de separarse del Reino Unido, principalmente con el anhelo de volver a entrar en la UE.
El gobierno escocés afirma disponer de un marco legal que autoriza la votación. «Ningún primer ministro, ningún gobierno en Londres puede frustrar el derecho legítimo, el derecho soberano, del pueblo de Escocia a opinar sobre su futuro», defendió hoy el jefe de la bancada del SNP en el Parlamento británico, en declaraciones a Times Radio, informó la agencia de noticias AFP.
Pero el Ejecutivo británico defiende, como ya ocurrió en 2017 en España con el proyecto independentista catalán, que Escocia no puede actuar unilateralmente en un asunto que concierne a todo el país.
Para evitar un conflicto mayor, los nacionalistas escoceses prometen organizar una votación puramente consultiva.
Sin embargo, muchos en Londres, incluido el diario conservador The Times, lo describen como un «truco legal» ya que, si se impusiera el sí a la independencia por una importante mayoría, el Parlamento británico se encontraría bajo una gran presión para autorizar el proyecto.
Las audiencias se prolongarán hasta mañana, pero el fallo del Tribunal Supremo no debería anunciarse antes de un mes y medio o dos meses.
