El Poder Judicial de Mendoza implementó un sistema automatizado que utiliza inteligencia artificial para evaluar solicitudes del beneficio de litigar sin gastos. Esta herramienta digital permite determinar de manera rápida si un ciudadano que no puede afrontar los costos iniciales de un proceso judicial patrimonial reúne las condiciones para acceder al beneficio.
La medida surge tras una reforma parcial del Código Procesal Civil, publicada recientemente en el Boletín Oficial mediante la ley 9658. Con el nuevo formulario digital, los ciudadanos ingresan sus datos personales y patrimoniales, y el algoritmo indica automáticamente si cumplen con los requisitos fijados por la Suprema Corte para recibir asistencia judicial gratuita.
MIRÁ TAMBIÉN | Los tres cuerpos hallados en Florencio Varela son de las jóvenes desaparecidas
Antes de la reforma, tramitar el beneficio podía demandar entre 2 y 6 meses de trabajo del personal judicial. La puesta en marcha del sistema digital reduce ese tiempo a apenas unos minutos, liberando recursos humanos para otras tareas dentro del Poder Judicial. En caso de rechazo por la vía digital, los solicitantes pueden recurrir al procedimiento manual y presentar documentación adicional para respaldar su solicitud.
El sistema se basa en parámetros establecidos por la Suprema Corte, incluyendo límites sobre ingresos, bienes inmuebles y vehículos del solicitante. Para funcionar correctamente, el Poder Judicial firmó un convenio con una base de datos nacional que centraliza información de registros de automotores, ANSES y propiedades en todas las provincias, evitando que los abogados deban recorrer distintas oficinas para justificar la falta de recursos.
MIRÁ TAMBIÉN | Jurado absolvió a un policía acusado de un femicidio en Mendoza
La concesión del beneficio puede ser revocada si se comprueba que el beneficiario mejoró su situación económica. Los organismos encargados de recaudar los impuestos judiciales, como la Caja Forense y el Colegio de Abogados, están facultados para solicitar la revocación si se verifican cambios patrimoniales que hagan desaparecer la necesidad del beneficio.
Fuente: Diario Uno.
