La Corte Suprema de Perú confirmó la ampliación por 12 meses de la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, quien además cumple una condena de 11 años y cinco meses por el intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022. La decisión fue adoptada al considerar que continúan vigentes los riesgos procesales vinculados a la investigación por presuntos hechos de corrupción.
Según la resolución judicial, los magistrados sostuvieron que el arraigo domiciliario de Castillo es «incierto» y que existe un peligro de fuga agravado. Entre los argumentos, señalaron indicios de una posible solicitud de asilo político y la existencia de apoyo en el extranjero, ya que parte de su familia permanece asilada en México.
La defensa del exmandatario había solicitado revocar la extensión de la prisión preventiva, pero el máximo tribunal declaró infundado el recurso. De esta manera, la medida cautelar permanecerá vigente desde el 9 de marzo de 2026 hasta el 8 de marzo de 2027.
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La investigación comprende presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión durante su gestión presidencial. El expediente forma parte de una macroinvestigación que involucra a más de 90 personas y analiza supuestas irregularidades en contrataciones públicas, licitaciones de obras y operaciones de la empresa estatal Petroperú.
Aunque el Ministerio Público aún no presentó una acusación fiscal formal por esta causa, sostiene que Castillo habría encabezado una organización criminal con estructura jerárquica desde el Poder Ejecutivo. Por ese motivo, todavía no se conoce cuál podría ser la pena solicitada en este proceso.
El expresidente permanece detenido desde el 7 de diciembre de 2022 en el penal de Barbadillo, donde también se encuentran otros exmandatarios peruanos. Mientras tanto, antes de la asunción de la presidenta electa Keiko Fujimori, continúa abierta la posibilidad de que el Gobierno de transición evalúe otorgarle una gracia presidencial.
Fuente: DW.
Imagen: Ernesto Benavides/AFP.
