La solicitud de detención fue presentada por los abogados de uno de los denunciantes de L-Gante, Darío Gastón Torres, quien inició la causa penal. Sin embargo, el juez Castro argumentó que no se puede modificar la situación de libertad del imputado hasta que la disposición de la Cámara esté «firme».
El cantante, cuyo nombre real es Elián Ángel Valenzuela, había sido liberado el 8 de septiembre después de pasar más de tres meses en prisión. Sin embargo, la fiscalía y los abogados de los denunciantes apelaron la decisión del juez Castro, argumentando que el músico seguía representando una amenaza y que no había razones para su liberación.
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La polémica se centra en la aparente falta de variación en la apariencia de responsabilidad de Valenzuela y en el peligro de que pueda frustrar los multas del proceso si se le permite permanecer en libertad.
La Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes respaldó esta posición y reprendió al juez Castro por no haber tenido en cuenta la ley que otorga a las víctimas el derecho a ser informadas o escuchadas antes de que se conceda la excarcelación al acusado.
