El juez Federico Güerri ordenó la liquidación total de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la firma láctea que producía los reconocidos productos SanCor. Más de 300 trabajadores quedan sin empleo directo.
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La histórica empresa Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), encargada de producir los yogures, flanes y postres de la marca SanCor, fue declarada en quiebra por el juez Federico Güerri, del Juzgado Comercial N° 29, quien dispuso la liquidación final de la compañía y el cierre definitivo de todas sus plantas en el país.
La principal fábrica de ARSA funcionaba en el partido bonaerense de Lincoln, donde trabajaban unas 180 personas, mientras que otras 200 lo hacían en la planta y centro de distribución de Córdoba. La red logística de la empresa incluía 165 distribuidores que abastecían semanalmente a más de 70.000 comercios en todo el territorio argentino.
La decisión judicial llegó tras el fracaso del concurso preventivo iniciado en abril de 2024, ya que no hubo interesados en adquirir la empresa ni en sostener su producción. Previamente, el grupo Vicentin había gestionado ARSA durante más de dos años, con la participación de fondos como BAF Capital. En su última etapa, la firma quedó en manos de los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, también responsables de La Suipachense.
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Durante el proceso judicial, ARSA atribuyó su crisis a la inflación, la retracción del consumo y los controles de precios, aunque referentes del sector señalaron fallas estructurales en la gestión. Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) denunciaron sueldos atrasados y pagos en cuotas, indicando que en los últimos meses los empleados solo recibían una cuarta parte del salario.
Bajo su control, ARSA producía las líneas SanCor, Shimy, Sancorito, Sublime y Yogs, entre otras. Con su cierre, desaparece uno de los actores más relevantes de la industria láctea argentina, lo que genera incertidumbre laboral y preocupación en el sector.
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La crisis de SanCor
En paralelo, SanCor también enfrenta una situación crítica. A comienzos de 2025 anunció despidos masivos y el inicio de su concurso preventivo de acreedores ante el Juzgado Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela (Santa Fe), por una deuda superior a los 400 millones de dólares.
La cooperativa, que en 2017 había iniciado un proceso de reestructuración con venta de activos y recorte de gastos, no logró estabilizar su operación. Las negociaciones con un grupo empresario que proponía crear un fideicomiso se interrumpieron en 2024, agravando la crisis y reduciendo al mínimo su actividad productiva.
Fuente y foto: Infobae
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