La Justicia de Misiones decretó la quiebra de Linor SRL, una empresa dedicada a la fabricación de pallets de madera que había cerrado su planta industrial en mayo y despedido a 130 trabajadores. La resolución se produjo luego de que la firma incumpliera el acuerdo preventivo alcanzado durante su concurso de acreedores.
La decisión fue adoptada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 8 de Posadas, a cargo de la jueza Adriana Beatriz Fiori. Entre las medidas ordenadas figura la incautación de instalaciones, maquinarias y vehículos, además de la entrega de libros comerciales y documentación contable, impositiva y laboral a la sindicatura.
La empresa operaba en Azara, en el departamento de Apóstoles, al sur de Misiones, y abastecía con pallets a compañías de distintos sectores. La crisis financiera terminó por paralizar la actividad industrial, en un escenario marcado por las dificultades del mercado interno y el incremento de los costos energéticos y operativos.
MIRÁ TAMBIÉN: Argentina expulsó a un brasileño y le prohibió ingresar por cinco años
Entre los antecedentes del colapso figura una deuda fiscal cercana a los $500 millones con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), acumulada desde 2024. La situación derivó en embargos sobre las cuentas bancarias y limitó los recursos disponibles para afrontar salarios y adquirir insumos. La compañía también registraba obligaciones pendientes con la distribuidora eléctrica.
El conflicto laboral se había profundizado antes del cierre definitivo. El gremio maderero denunció deudas salariales, vacaciones impagas y falta de aportes a la obra social. En medio de los reclamos, trabajadores bloquearon los accesos a la planta ante la preocupación por el retiro de equipos. En mayo de 2025, el socio gerente Juan Carlos Lorenzo había generado controversia durante una reunión con empleados al afirmar: “Si no quieren, no laburen, cobrarán cuando esto vaya a remate”.
La quiebra se suma a las dificultades que atraviesa la industria maderera de Misiones. Desde el sector empresario advierten sobre el impacto de los costos logísticos, la energía eléctrica y la carga impositiva, factores que comprometen la continuidad de otros aserraderos y las fuentes de empleo en la región.
