El abogado Gregorio Dalbón amplió una denuncia penal por las operaciones financieras vinculadas al oro del Banco Central y solicitó la detención del ministro de Economía, Luis Caputo; del presidente del BCRA, Santiago Bausili; y de Juan Curutchet, director de la entidad y titular de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. El pedido quedó sujeto a la evaluación de la Justicia y no implica que se hayan ordenado arrestos ni que exista una declaración de culpabilidad.
La presentación atribuye provisoriamente posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita. Dalbón solicitó investigar quién decidió y ejecutó las operaciones, cuáles fueron las contrapartes y qué finalidad tuvieron los contratos celebrados durante 2025.
Como fundamento, el abogado citó una auditoría de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del Banco Central al 31 de diciembre de 2025. Según los datos incorporados a la denuncia, las operaciones con derivados cuyo activo subyacente fue el oro registraron un resultado negativo de $1.469.155 millones, equivalente a unos USD 1.023 millones, con egresos de divisas.
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Dalbón también pidió medidas para preservar la documentación y evitar un eventual entorpecimiento de la investigación. Entre ellas, planteó la prohibición de salida del país para los funcionarios, restricciones de acceso a determinadas áreas oficiales y limitaciones de contacto con posibles testigos. Estas medidas deberán ser evaluadas por el tribunal interviniente.
El caso enfrenta dos interpretaciones sobre la estrategia financiera del BCRA. La AGN cuestionó el resultado de las operaciones, mientras que la autoridad monetaria rechazó que fueran especulativas y sostuvo que formaban parte de una política de cobertura sobre su posición en oro. El Banco Central afirmó que, al considerar conjuntamente la evolución del metal y los instrumentos financieros, la estrategia dejó un resultado neto positivo de USD 2.505 millones durante 2025.
La denuncia solicita, además, que se incorporen los informes completos de auditoría, las actas del Directorio, los contratos, los registros de liquidaciones y las comunicaciones entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. Dalbón pidió que, una vez producida la prueba, se convoque a los denunciados a declaración indagatoria. La investigación deberá determinar si existió un perjuicio patrimonial para el Estado y si hubo responsabilidades penales.
