La Justicia federal impuso una multa de 100.000 pesos diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick apunta a la falta de actualización de los salarios docentes y no docentes y a la ausencia de garantías sobre los fondos destinados a becas estudiantiles.
La sanción se estableció ante la falta de cumplimiento de una orden judicial que continúa vigente, pese a que el expediente principal fue elevado a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. El magistrado advirtió que el monto de los llamados astreintes podría modificarse y que también podrían incorporarse otros funcionarios alcanzados por la medida.
La decisión respondió a un planteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que sostuvo que el Estado seguía sin cumplir la cautelar, confirmada por la Corte Suprema de Justicia el 25 de junio de 2026. Según la presentación, los plazos otorgados para acatar la resolución vencieron sin que se registraran los pagos reclamados.
MIRÁ TAMBIÉN: Argentina podría venderle gas a Bolivia desde 2031
La Ley de Financiamiento Universitario establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente para recuperar la variación inflacionaria acumulada entre enero de 2023 y julio de 2025. El mecanismo también contempla actualizaciones mensuales de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la recomposición de las becas estudiantiles.
El Gobierno apeló la decisión y argumentó que la medida judicial exige pagos sin determinar con precisión los montos adeudados ni el alcance concreto de las obligaciones. Además, sostuvo que desde diciembre de 2023 se otorgaron aumentos salariales y que, con una suba del 21,33% dispuesta en junio de 2026, el incremento acumulado alcanzó el 226,80%, según sus cálculos.
La administración nacional también señaló que propuso una recomposición salarial del 3% para septiembre, complementaria de otra suba del 3% acordada en junio, y cuestionó el cálculo que exigiría un incremento acumulado del 312,19% hasta junio de 2026. Según su postura, el Presupuesto 2026 no contempla partidas para afrontar una actualización de esa magnitud. El juez rechazó que la apelación suspendiera los efectos de la cautelar y mantuvo vigente la obligación de cumplirla.
