Un juzgado federal de La Plata ordenó suspender el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos impulsado por el gobierno de Javier Milei, al considerar que existen interrogantes sobre los impactos ambientales y la falta de garantías respecto del acceso al agua potable.
La medida cautelar fue dictada por el juez federal Mariano López, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°2 de La Plata, tras una presentación realizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. La resolución paraliza la venta de activos hasta que se evalúe el alcance de los denominados pasivos ambientales vinculados a la empresa.
Según el magistrado, el esquema de privatización promovido por el Poder Ejecutivo no refuerza las obligaciones destinadas a garantizar el acceso a la cobertura sanitaria ni contempla adecuadamente mecanismos de prevención, recomposición ambiental y continuidad del servicio público esencial. Además, advirtió sobre la postergación de obras consideradas críticas.
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La Defensoría bonaerense sostuvo que el pliego licitatorio omitió aspectos centrales relacionados con inversiones, mantenimiento, expansión del servicio y remediación ambiental. A su entender, esas omisiones podrían poner en riesgo tanto el derecho humano al acceso al agua potable como el derecho constitucional a un ambiente sano.
El Gobierno nacional había anunciado el pasado 15 de mayo el inicio de una licitación pública nacional e internacional para transferir el 90 % de las acciones de AySA en manos del Estado, en el marco del programa de privatizaciones impulsado por la administración libertaria. Entre los grupos empresarios señalados como potenciales interesados aparecen el empresario Mauricio Filiberti, el Grupo Roggio y consorcios extranjeros.
La decisión judicial representa un nuevo obstáculo para la estrategia de desinversión estatal del Gobierno de Milei. El caso se suma a otros cuestionamientos vinculados a privatizaciones y concesiones de activos públicos, mientras la Cámara Federal de La Plata deberá revisar ahora el alcance definitivo de la cautelar.
Fuente: Ámbito Financiero.
