Foto: Jusnoticias Chubut.
El fiscal de la querella, Martín Castro, detalló a través de Radio 3 que el secretario general de la ATECH, en caso de ser declarado culpable, podría ser condenado hasta con tres años en suspenso.
El fiscal de la querella, Martín Castro, brindó detalles sobre el juicio oral y público que comenzó este martes contra el secretario general de la ATECH, Daniel Murphy, acusado de daño agravado. El hecho ocurrió en junio de 2023, durante una protesta docente frente al Ministerio de Economía, cuando un vidrio en la puerta de acceso fue roto.
Al dialogar con Radio 3, Castro destacó la importancia de las pruebas en el caso, que incluyen videos y testimonios de efectivos policiales. «Hay pruebas fílmicas y testimonios que identifican a Murphy como el responsable», afirmó el fiscal. Además, varios policías confirmaron que el sindicalista fue visto golpeando el vidrio durante la manifestación.
«En el juicio se presentaron seis testigos, casi todos efectivos policiales que estuvieron presentes el día de las manifestaciones», explicó Castro. La Fiscalía de Estado sostiene que el daño al patrimonio del Estado debe ser sancionado con la pena máxima de tres años de prisión en suspenso, además de la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
MIRÁ TAMBIÉN: La Municipalidad de Trelew fue aceptada como querellante en la causa «Tierra arrasada»
Ante esto, Murphy enfrenta un posible castigo por daño agravado, de acuerdo con el artículo 184 del Código Penal. «Si se dicta una sentencia condenatoria, Murphy no podrá ocupar cargos públicos, aunque podrá seguir en su rol como dirigente sindical», indicó Castro.
El impacto de la situación también es moral, ya que, según el fiscal, «el secretario general de un sindicato debe ser un líder que actúa con profesionalismo, no con violencia». La defensa de Murphy argumentará que la protesta no justificó el daño.
Este juicio marca un precedente en la lucha por sancionar delitos cometidos durante protestas, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos tiempos. «Las protestas sindicales deben llevarse a cabo dentro del marco legal», concluyó Castro.
