El abogado Carlos Del Mármol aseguró que los hechos denunciados fueron considerados una protesta laboral y anticipó que analizan acciones legales contra la empresa.
La Justicia resolvió desestimar las dos denuncias penales presentadas por el titular de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, contra trabajadores que participaron de medidas de fuerza impulsadas por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).
Según informó el abogado penalista Carlos Del Mármol, representante legal de los trabajadores, el Ministerio Público Fiscal concluyó que los hechos denunciados no constituyen delito, sino que se enmarcan en el ejercicio del derecho a la protesta y a la huelga.
«Son dos causas, una iniciada el 24 de junio y otra el 15 de julio del corriente año, en las cuales se determinó claramente por parte de la Justicia que no había ningún tipo de delito. Lo único que había era una protesta social, una huelga de trabajadores y un reclamo salarial», sostuvo Del Mármol.
El letrado indicó que durante la investigación se tomaron declaraciones a los testigos propuestos por la propia empresa y que ninguno confirmó la existencia de hechos delictivos.
«El Ministerio Público Fiscal fue muy claro al decirle básicamente a Conarpesa que no utilice el derecho penal para tratar de sancionar o menoscabar los derechos de los trabajadores. Lo que dijo es que no hubo violencia, no hubo amenazas y no hubo lesiones», afirmó.
Asimismo, explicó que también fue descartada la acusación por una supuesta privación ilegítima de la libertad de trabajadores que permanecían dentro de las oficinas de la empresa.
«Impedir el ingreso por medio de una huelga, cuando existía otro medio de ingreso y egreso, no configura ningún tipo de delito. Eso quedó establecido durante la investigación», señaló.
Del Mármol remarcó que la resolución judicial diferencia el conflicto laboral de una causa penal y sostuvo que la empresa eligió un camino que no correspondía.
«El derecho de huelga es un derecho constitucional. También tiene derecho el señor Álvarez a sentirse menoscabado en sus derechos, pero no puede con esto utilizar la vía penal”, expresó.
En ese sentido, agregó que cualquier controversia vinculada a la relación laboral debe canalizarse por las vías administrativas o judiciales correspondientes.
«Si quiere despedir al personal, que lo haga y afronte las consecuencias que le corresponden, que normalmente son dinerarias, pero no con prisión para los miembros del sindicato y mucho menos para los trabajadores», afirmó.
El abogado destacó que, pese a que la denuncia fue desestimada, la Fiscalía realizó diversas medidas para verificar los hechos denunciados.
«Con una amplitud probatoria importante, el Misterio Público Fiscal hasta entrevistó a los propios testigos que había ofrecido la empresa pesquera y fue claro, el principal testigo que es, el gerente personal de Conarpesa S.A. al decir que no hubo violencia, amenazas, agresiones y ningún tipo de delito cometido dentro de la empresa” indicó.
También señaló que durante toda la protesta hubo presencia policial.
«Se siguió el protocolo policial. Si los efectivos hubieran observado un delito en flagrancia tendrían que haber intervenido de inmediato. La Policía fue clara al señalar que no hubo ningún tipo de delito», sostuvo.
Tras conocerse la resolución, Del Mármol adelantó que evalúan impulsar acciones legales contra la empresa.
«Lo importante hoy es que los trabajadores puedan reingresar a la planta. Luego analizaremos las medidas penales que correspondan, especialmente alguna querella por calumnias e injurias», manifestó.
Además, consideró que las denuncias penales habrían sido utilizadas como fundamento para justificar despidos.
«Si se despide a un trabajador argumentando la comisión de un delito y después la Justicia determina que ese delito nunca existió, estamos frente a un despido injustificado», concluyó.
Las resoluciones del Ministerio Público Fiscal ya se encuentran firmes, por lo que las denuncias penales impulsadas por la empresa quedaron definitivamente desestimadas. El conflicto, sin embargo, continúa en el ámbito laboral, en donde se analiza la situación de los trabajadores despedidos y los posibles reclamos por reincorporación o indemnización. Este miércoles 5 de agosto está previsto que se realice una nueva audiencia, enmarcada en la conciliación obligatoria.
