La norma establece la capacitación obligatoria integral para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos los niveles y jerarquías de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, en temáticas ambientales, con un énfasis especial para las cuestiones vinculadas con el cambio climático.
Desde que comenzaron las capacitaciones, se superaron las 50.000 personas pertenecientes a la administración pública en sus tres poderes, señaló un comunicado oficial.
La formación para empleados y empleadas generales se desarrolla de manera virtual, autogestionada y mediante ocho módulos, los que se dictan a través de la plataforma del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP).
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Los temas abordados incluyen: saber ambiental, desarrollo sostenible, economía circular, cambio climático, conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, eficiencia energética y energías renovables.
La ley lleva el nombre de la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Argentina, Yolanda Ortiz, quien además fue la primera mujer en ejercer este cargo en América Latina.
La funcionaria sostuvo que la educación es un valor clave para repensar el desarrollo y cuidar nuestra casa común.
La iniciativa se implementa desde la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional, a cargo de Nicolás Fernández, y mediante la coordinación de Pablo Clariá.
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