La investigación por presuntas coimas vinculadas a la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevos episodios en las últimas horas, con allanamientos simultáneos en barrios privados de Buenos Aires.
El fiscal federal Franco Picardi, con el secreto de sumario prorrogado hasta el 19 de septiembre, ordenó los procedimientos en los domicilios de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina, y del exfuncionario Diego Spagnuolo.
Durante los operativos, se solicitó información sobre ingresos y egresos de los countries desde principios de este año, así como datos de una caja de seguridad vinculada a un exdirector de la Agencia, en la que se hallaron 80.000 dólares. La fiscalía considera que estos hallazgos podrían reconstruir la presunta ruta de sobornos.
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La causa sufrió un cimbronazo con la renuncia de los abogados defensores de Spagnuolo, Juan Aráoz De Lamadrid e Ignacio Rama Schultze, quienes se apartaron de la representación por motivos personales.
Otro foco de tensión surgió a partir de la denuncia del juez Sebastián Casanello contra el jefe de sistemas de Suizo Argentina, acusado de resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio.
Durante la noche del jueves, el consultor Fernando Cerimedo declaró como testigo y amplió detalles sobre conversaciones previas con Spagnuolo, donde se mencionaban pagos indebidos y hechos de corrupción. Tras esta declaración, la fiscalía profundizó el rastreo patrimonial y confirmó la existencia de la caja de seguridad con divisas en el Banco BBVA.
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Los allanamientos recientes también alcanzaron a los domicilios del exfuncionario Daniel Garbellini y permitieron el secuestro de correos electrónicos y documentación comercial relacionada con compras de medicamentos.
La causa, que comenzó a partir de la difusión de audios que involucran a altos dirigentes del oficialismo, mantiene bajo investigación a Javier Milei, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, los hermanos Kovalivker y Spagnuolo, entre otros. Se les imputa participación en un esquema de sobornos y administración fraudulenta con afectación a fondos públicos.
La continuidad de la pesquisa dependerá del análisis de la documentación bancaria y fiscal, en lo que se perfila como una de las investigaciones más sensibles del gobierno en materia de corrupción.
Fuente: La Nación
Foto: Archivo
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