La justicia federal avanza en la investigación por la tragedia del fentanilo contaminado que provocó la muerte de pacientes en el Hospital Italiano de La Plata. El caso involucra a funcionarios de ANMAT e INAME, señalados por omisiones en los controles de calidad de medicamentos.
El juez Ernesto Kreplak citó a declarar a la ex titular del INAME, Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, quien reconoció que desde noviembre de 2024 “el Laboratorio Ramallo tenía conocimiento de que no pasaba las Buenas Prácticas de Fabricación, por lo que no podía continuar elaborando productos hasta tanto no levantara las no conformidades”.
Sin embargo, la funcionaria omitió un dato clave: que el 18 de diciembre de 2024 se fabricó el lote 31202 de fentanilo contaminado con bacterias, que terminó distribuyéndose en hospitales. Este hecho complicó aún más el escenario judicial por la falta de control estatal.
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Entre las irregularidades detectadas se encontraban “mala práctica de control de esterilidad, exámenes deficientes, documentación insuficiente y faltantes en la trazabilidad”. Según la normativa vigente, estas falencias debieron haber frenado la producción.
En su declaración, Mantecón aseguró: “En noviembre de 2024 hubo una inspección de Buenas Prácticas de Fabricación. Ahí encontraron irregularidades y se decide proponer una carta de advertencia. Desde entonces el laboratorio no podía elaborar productos hasta que no levantara las no conformidades”.
El Ministerio Público Fiscal, en un dictamen de 79 carillas, advirtió sobre “la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo”. El documento remarcó: “Las consecuencias de tamaña negligencia, connivencia o complicidad, son aún desconocidas”.
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La administradora de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, también declaró ante la justicia y precisó que “el fentanilo solo es de uso hospitalario, por lo que no intervienen otros actores como farmacias”. No obstante, se detectaron faltantes de ampollas del lote contaminado que nunca fueron justificadas.
El caso generó un fuerte cuestionamiento a las autoridades sanitarias. Según el dictamen fiscal, “las conductas señaladas lesionaron la confianza legítima de los usuarios del sistema sanitario y afectaron el correcto funcionamiento del mercado de medicamentos”.
Hasta el momento, la justicia investiga 96 muertes vinculadas al consumo del fentanilo contaminado de HLB Pharma. La causa ya suma 17 imputados y podría derivar en responsabilidades penales para los ex y actuales funcionarios involucrados en el control.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
