La erogación destinada a alquileres de organismos públicos alcanzó más de $25.600 millones en 2024, destacando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero como la mayor consumidora.
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A medida que el Gobierno argentino busca optimizar el uso de los recursos estatales, se revelan cifras alarmantes sobre el gasto en alquileres de oficinas para distintos organismos públicos. Según el informe presentado a la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en 2024 el Estado desembolsó más de $25.600 millones, un promedio de $2.583 millones mensuales en alquileres. Este gasto es objeto de crítica en el contexto de la necesidad de reducir el déficit fiscal y mejorar la eficiencia en el uso de recursos públicos.
El análisis del Anexo del mismo informe detalla que 52 organismos nacionales dependen de oficinas alquiladas para sus operaciones. Entre ellos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se posiciona como la mayor erogadora, con unos $478 millones anuales dedicados a alquileres, seguida por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que gastan $247 millones y casi $234 millones, respectivamente.
En el marco del año 2025, los gastos en alquileres continúan en ascenso, destacando nuevamente a la ARCA que reportó $789 millones en marzo, y al PAMI, que con 600 agencias de atención, asumió un gasto de $769 millones. A esto se le suma la preocupación por el cierre de oficinas y despidos en ANSES, lo que ha suscitado tensiones laborales y cuestionamientos sobre la eficiencia y eficacia del uso del dinero público.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores, por su parte, incurrió en un gasto mensual de $5,8 millones por el alquiler de sus dependencias en Buenos Aires, lo que representa una preocupación adicional sobre el gasto en la administración central.
La nueva administración ha iniciado un plan de reducción de gastos, que incluye no renovar contratos de alquiler que están costando más de lo esperado y que podrían someterse a un análisis exacto para determinar la efectividad del uso del espacio. En 2025, ya se reportó un ahorro de $30.247.143 tras la no renovación de 21 contratos.
Para avanzar hacia una administración pública más eficiente, el Gobierno se propone relocalizar oficinas estatales a espacios próprios, con la esperanza de reducir los costos e incrementar la eficiencia en la ocupación de bienes raíces del Estado.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
