Los enfrentamientos entre manifestantes estudiantiles, la Policía y activistas del partido gobernante en Bangladesh escalaron dramáticamente en los últimos días. Las manifestaciones comenzaron como una respuesta a un sistema de cuotas para empleos gubernamentales, el cual reservaba el 30% de los puestos para familiares de veteranos de la guerra de independencia de 1971. Aunque la Corte Suprema redujo estas cuotas al 5%, las protestas continuaron, evidenciando un profundo descontento en la sociedad.
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La situación se agravó significativamente desde julio, cuando las protestas iniciales se convirtieron en enfrentamientos violentos. Las autoridades respondieron con medidas drásticas, incluyendo el cierre de escuelas y universidades, bloqueos de internet y la imposición de un toque de queda con orden de disparar a la vista. Estas medidas extremas no lograron sofocar el movimiento, que adoptó tácticas de «no cooperación», instando a la población a no pagar impuestos ni facturas de servicios públicos y a no presentarse a trabajar.
La violencia alcanzó niveles alarmantes, con más de 20 muertes reportadas en 11 distritos, incluyendo Bogura, Magura, Rangpur y Sirajganj. Los enfrentamientos involucraron ataques a instituciones públicas como el Hospital Universitario Médico Sheikh Mujib Bangabandhu en Daca y el uso de gas lacrimógeno por parte de la Policía para dispersar a los manifestantes en el barrio de Uttara. También se registraron ataques a hogares y oficinas comunitarias, aumentando la sensación de inseguridad y caos.
La administración de la Primera Ministra Sheikh Hasina culpó al Partido Nacionalista de Bangladesh y al partido de derecha Jamaat-e-Islami por instigar la violencia. Hasina ofreció dialogar con los líderes estudiantiles y se comprometió a investigar las muertes y castigar a los responsables. Sin embargo, estas promesas no calmaron a los manifestantes, que siguen exigiendo cambios estructurales y una mayor justicia social.
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Estas protestas representan un desafío significativo para Hasina, quien gobernó el país durante más de 15 años y recientemente inició su cuarto mandato consecutivo en enero, en una elección boicoteada por sus principales opositores. La creciente violencia y el descontento generalizado ponen en jaque la estabilidad del gobierno y subrayan la necesidad de abordar las demandas legítimas de la población.
Fuente: Euronews.
Foto: The New York Times.
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