La fiscalía de Trelew y la Policía de Investigaciones realizaron allanamientos en el marco de una investigación por la emisión de certificados apócrifos. Este sábado se llevará a cabo la audiencia de apertura de la causa y control de detención.
Con un trabajo reservado y coordinado entre el Ministerio Público Fiscal y la División de Policía de Investigaciones (DPI), se llevaron a cabo procedimientos, incluidos allanamientos, para obtener pruebas sobre una causa vinculada a la emisión de certificados médicos falsos para licencias de conducir. La fiscal general Julieta Gamarra, junto con el abogado Joaquín González y el comisario Edgardo Julián, encabezaron las acciones que se desarrollaron desde la mañana.
El origen de la investigación fue una denuncia presentada por el intendente de Gaiman, Darío James, quien detectó irregularidades en los certificados que llegaban a la municipalidad. Estos documentos, firmados por una psicóloga que ya no estaba habilitada para ejercer, fueron emitidos a través del centro médico de Gaiman, bajo la dirección del doctor Diego Soto Payva. La psicóloga involucrada, que dejó de trabajar allí en abril de 2023, confirmó que en su momento elaboró estos certificados, pero los documentos que llegaron a la municipalidad eran falsos.
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El formulario utilizado para los certificados, que es emitido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es único y requiere que sea firmado por un médico autorizado. En este caso, el doctor Soto Payva, a pesar de saber que los certificados eran fraudulentos, los firmaba indicando que los solicitantes eran aptos tanto en el aspecto psíquico como en el auditivo y visual.
Hasta el momento, se han corroborado 41 licencias emitidas bajo este procedimiento irregular. Se descubrió que el médico involucrado ofrecía a los solicitantes un precio más bajo que el de otros centros para obtener los certificados y, por ende, las licencias. La fiscal Gamarra indicó que, aunque la denuncia se originó en Gaiman, se sospecha que el mismo modus operandi se repetía en otros centros del mismo médico, ubicados en Trelew y Dolavon.
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La fiscal subrayó que aquellos que se vieron perjudicados por este fraude son testigos clave y no serán imputados. La causa recae sobre el médico por falsificar documentos públicos. Además, se realizarán pericias caligráficas para determinar quién confeccionaba estos certificados fraudulentos, ya sea el médico o alguna de sus personas de confianza.
En cuanto a las penas, la fiscal explicó que, dado que se trata de un delito reiterado y de gran magnitud, el acusado podría enfrentar una pena de prisión efectiva, que podría alcanzar los 50 años de condena, dependiendo de los elementos probatorios que se obtengan durante la investigación.
Fuente y foto: MPF Chubut.
