Una coalición de médicos antiaborto solicitó este martes a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que restrinja el acceso a una píldora abortiva ampliamente utilizada en el país, en la antesala de un crucial y muy esperado fallo del alto tribunal sobre un tema que desvela al propio presidente Joe Biden, férreo detractor de limitaciones.
La agencia reguladora de medicamentos de Estados Unidos (FDA) y el laboratorio Danco, que fabrica el fármaco mifepristona «han incumplido descaradamente la ley y la normativa vigente y antepuesto continuamente la política a la salud de la mujer», denunciaron estas asociaciones de ginecólogos y pediatras que hacen campaña contra el aborto, en un texto presentado a la Corte.
Una batalla jurídica comenzó el 7 de abril cuando, tras una demanda de una coalición de grupos antiaborto, un juez federal en Texas, Matthew Kacsmaryk, retiró la autorización de comercialización de mifepristona, aprobada por la FDA.
A pesar del consenso científico, consideró que planteaba riesgos para la salud de las mujeres.
Un tribunal de apelaciones, al que recurrió el Gobierno de Joe Biden, permitió que el medicamento siguiera autorizado, pero limitó las facilidades de acceso otorgadas por la FDA a lo largo de los años.
Su fallo limitó el uso del fármaco a las siete semanas de embarazo, en lugar de diez, y prohibió su envío por correo.
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El Ejecutivo federal apeló de manera urgente a la Corte Suprema, que mantuvo el viernes pasado temporalmente el acceso a la píldora abortiva, suspendiendo la decisión del tribunal de apelaciones para tener más tiempo a fin de examinar el caso.
La Corte dispuso que la suspensión regirá hasta el miércoles, justo antes de la medianoche, consignó la agencia de noticias AFP.
«Sin una decisión de suspensión, la mifepristona provocará más complicaciones físicas, trauma emocional e incluso la muerte de las mujeres», argumentaron los galenos antiabortistas.
Agregaron que «también perjudicará a los demandantes al obligarlos a realizar abortos que violan su conciencia», por lo que pidieron a la Corte Suprema que mantenga la decisión del tribunal de apelaciones.
En combinación con otro fármaco, la mifepristona se usa para más de la mitad de los abortos en Estados Unidos. Más de cinco millones de mujeres en el país ya tomaron el fármaco desde que la FDA lo autorizó en 2000.
En una quincena de Estados que recientemente prohibieron el aborto, la píldora abortiva ya no está disponible oficialmente.
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Por lo tanto, el impacto de las restricciones, o su prohibición, afectaría principalmente a los Estados donde el aborto sigue siendo legal.
Pocos días atrás, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, criticó duramente la violencia institucional contra las mujeres en Estados Unidos y defendió el derecho al aborto tras las recientes limitaciones.
El funcionario mostró su «preocupación» porque «el derecho de las mujeres a acceder a servicios de aborto seguro, incluido el uso de medicamentos abortivos, esté siendo limitado por los tribunales» estadounidenses.
«Para dejar clara la posición de la OMS, las mujeres siempre deben tener derecho a elegir cuando se trata de su cuerpo y su salud», sostuvo Tedros, quien aseguró que restringir el acceso al aborto «no reduce el número de procedimientos y sólo empuja a las mujeres y las niñas hacia los inseguros y también hacia la muerte».
«En última instancia, el acceso al aborto seguro es una atención sanitaria que salva vidas», reforzó.
Tras la decisión de la Corte Suprema, sus nueve miembros deberían votar con una mayoría de al menos cinco contra cuatro para hacer retirar esta medida restrictiva permanentemente.
Se trata del primer caso de esta envergadura que acaba en la más alta instancia judicial del país desde que sus magistrados eliminaran en junio del año pasado el derecho constitucional al aborto, dejando la cuestión en manos de los Estados.
También la semana pasada, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley federal para prohibir el aborto en su estado a partir de la sexta semana de embarazo, calificando de delito de tercer grado a la ayuda que cualquier profesional médico pueda dar para saltarse esta prohibición.
La entrada en vigor de la norma, conocida como «Ley de Protección del Latido» y sancionada por la Legislatura de Florida, de amplia mayoría republicana, depende de que la Corte Suprema dictamine sobre una prohibición anterior del gobernador, que el año pasado limitó el aborto a antes de la semana 15 de embarazo.
Con esta nueva ley, sólo se permitiría el aborto a partir de la semana 15 a víctimas de violaciones, incesto o trata, siempre que puedan mostrar una orden de alejamiento, un informe policial u otras pruebas.
Fuente: Télam.
