Las calles de la Ciudad de Buenos Aires son escenario este miércoles de múltiples movilizaciones en rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei. Jubilados, pensionados, centrales sindicales y organizaciones de personas con discapacidad se concentran frente al Congreso y en Plaza de Mayo para exigir la restitución de derechos y el cumplimiento de leyes vigentes.
Desde las 11, el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a Plaza de Mayo para reclamar la inmediata aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. “Una norma votada y aprobada por el Congreso debe cumplirse: los derechos no pueden quedar a discreción del Gobierno”, señalaron los organizadores, que denunciaron la vulneración de derechos ante la demora en su implementación.
MIRÁ TAMBIÉN | En septiembre se incendiaron 30 mil hectáreas en el Delta del Paraná
Más tarde, a partir de las 16, organizaciones de jubilados y pensionados marchan al Congreso con el respaldo de las dos centrales de la CTA. El reclamo central es contra el veto presidencial a la ley que disponía un aumento previsional, medida que las entidades califican como un “golpe directo al bolsillo de los adultos mayores”. Los manifestantes también rechazan la política económica libertaria que, afirman, profundiza la pérdida de poder adquisitivo.
Las protestas se producen a menos de un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, en un clima de creciente tensión social. La CTA Autónoma, conducida por Hugo Godoy, subrayó que la jornada busca “defender la democracia y los derechos conquistados”, mientras que la CTA de los Argentinos advirtió que seguirán en las calles “hasta revertir las medidas de ajuste”.
MIRÁ TAMBIÉN | “Hay que encontrar al culpable”: la declaración de “Pequeño J”
En paralelo, el Gobierno intentó dar señales a los sectores más golpeados con un programa de descuentos en supermercados y comercios adheridos, gestionado por ANSeS y el Ministerio de Capital Humano. Sin embargo, los gremios y organizaciones sostienen que esos beneficios no reemplazan la necesidad de una política previsional que garantice ingresos dignos.


