La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (CSJ) inhabilitó de forma definitiva los títulos y el ejercicio de esa profesión a 25 abogados, entre ellos al escritor Sergio Ramírez y a la defensora de los derechos humanos Vilma Núñez, a quienes previamente había retirado su nacionalidad y tachado de “traidores a la patria”.
Un total de 15 de los juristas integra el grupo de 222 opositores a los que el gobierno del presidente sandinista Daniel Ortega decidió excarcelar y enviar a Washington el 9 de febrero, mientras los restantes 10, entre ellos Ramírez, forman parte de 94 personas sancionadas pocos días después.
“Suspéndanse de forma definitiva del ejercicio de la profesión de abogados y notarios públicos”, señala la resolución, señala la resolución de la CSJ publicada en el sitio web del organismo.
La CSJ añadió que, según la legislación, “estas personas no pueden ostentar el título ni ejercer, ya que perdieron el derecho de ejercer dicha profesión, en virtud de haber perdido la nacionalidad nicaragüense”.
El 9 de febrero pasado, el gobierno de Ortega liberó y expulsó a Estados Unidos a 222 opositores presos y la justicia los despojó de su nacionalidad y derechos políticos, los declaró “traidores a la patria” y los inhabilitó para ejercer cargos públicos.
Pocos días después, la justicia declaró “traidores a la patria” a 94 opositores, entre ellos el escritor Ramírez, y también los despojó de su nacionalidad e inhabilitó de por vida a ejercer cargos públicos, al tiempo que anunció la confiscación de sus bienes.
Todas los sancionados habían sido acusados de cometer “actos que menoscabaron la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo” e incitar a la violencia y el terrorismo en el marco de unas protestas que el 2018 generaron una crisis política y social.
Además de Ramírez, exiliado en España y quien fungió como vicepresidente de Ortega en su primer mandato (1985-1990), la sanción afecta a la ex guerrillera Mónica Baltodano, al ex magistrado de la CSJ, Rafael Solís, y a la activista de derechos humanos Vilma Núñez.
España, en tanto, concedido la nacionalidad a un primer grupo de opositores, después de la oferta que se hizo a más de 200 de ellos luego que Ortega los convirtiera en apátridas.
La decisión fue tomada en el Consejo de Ministros extraordinario celebrado este jueves y los nombres de los beneficiarios fueron publicados hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
A principios de marzo, fuentes diplomáticas habían indicado que 70 de los 222 opositores desterrados habían iniciado los trámites para obtener la ciudadanía española.
Ayer, por otra parte, la Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRC) se declaró “profundamente preocupada” por la decisión del Gobierno de Ortega de disolver a su filial en Nicaragua, tras acusarla de violar la neutralidad en las protestas de 2018.
Un día antes, el miércoles, el Congreso de Nicaragua aprobó por unanimidad disolver a la Cruz Roja local, que operaba desde 1931, además de confiscar sus propiedades y sustituirla por un organismo adscrito al gobierno.
“La IFRC está profundamente preocupada por la disolución de nuestra Sociedad Nacional miembro, la Cruz Roja Nicaragüense”, indicó la Federación en un breve mensaje enviado a la AFP.
“Esta situación podría poner en riesgo actividades humanitarias muy necesarias en el país, así como el trabajo del personal y el voluntariado”, agregó la IFRC, que agrupa a las sociedades de la Cruz Roja de más de 190 países y tiene una sede regional en Panamá.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
Fuente: Télam
