Grassi SA solicitó formalmente la homologación del acuerdo preventivo alcanzado en el proceso de salvataje de Vicentin SAIC, tras responder a las impugnaciones presentadas por LDC Argentina y Molinos Agro. En un escrito elevado al Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, la firma sostuvo que obtuvo las mayorías legales necesarias y que se encuentra en condiciones de avanzar hacia la aprobación judicial del plan.
La empresa afirmó que logró el respaldo del 66% de los acreedores computables y del 84,99% del capital verificado, porcentajes que –según remarcó– la convierten en la única oferente con chances reales de obtener la homologación. También cuestionó duramente a LDC y Molinos, a quienes calificó como actores que “buscan forzar la quiebra” mediante objeciones que calificó de “falaces” y “sin sustento jurídico”.
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Grassi defendió la validez del cómputo de votos y rechazó los intentos de excluir a acreedores que acompañaron su propuesta. Recordó que los planteos de la contraparte no fueron realizados en instancias previas y sostuvo que la Ley de Concursos y Quiebras no contempla las restricciones ahora invocadas en procesos de cramdown. Indicó además que ni la sindicatura ni el juzgado habían objetado la base de cálculo durante el trámite.
Respecto de los cuestionamientos sobre abusividad y control societario, la firma negó vínculos que afecten la transparencia del proceso y calificó las sospechas como “conjeturas sin prueba”. También enfatizó que los acreedores contaron con información completa y herramientas de evaluación para elegir entre las alternativas propuestas, asegurando que no existieron presiones ni condiciones desmedidas.
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El expediente entró en una etapa decisiva: el juez deberá resolver si homologa el acuerdo presentado por Grassi o si, por el contrario, declara la quiebra de Vicentin. Según fuentes judiciales, ya no existe margen para nuevos ofrecimientos, por lo que la definición será determinante para el futuro de la agroexportadora.
Fuente: Noticias Argentinas.
