El Gobierno nacional aprobó un nuevo “Protocolo para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Pasos Fronterizos”, que será obligatorio para las Fuerzas Federales y agentes migratorios. La resolución, publicada en el Boletín Oficial, actualiza las pautas vigentes desde 2012 e incorpora procedimientos unificados para identificar a posibles víctimas y tratantes tanto en ingresos como egresos del territorio argentino.
El texto, elaborado junto con la Organización Internacional para las Migraciones en el marco del Programa Eurofront, responde a cambios en las modalidades de la trata, considerada un delito transnacional y una grave violación a los derechos humanos. Incluye criterios comunes para Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, con un enfoque de coordinación interinstitucional y de protección integral a las personas afectadas.
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El protocolo clasifica los 237 pasos fronterizos del país —95 terrestres, 103 marítimos o fluviales y 39 aéreos— según su volumen y características. Señala que los puntos de alto tránsito concentran la mayor circulación, pero que los de bajo movimiento o en zonas remotas también pueden ser utilizados por redes criminales para el traslado y explotación de personas.
En su marco legal, la norma retoma la definición de trata establecida en el Protocolo de Palermo y en las leyes nacionales 26.364 y 26.842, que tipifican como delito la captación, traslado o recepción de personas con fines de explotación sexual, trabajo forzado, servidumbre o extracción de órganos, con penas de hasta 15 años de prisión. Además, diferencia este delito del tráfico ilícito de migrantes, cuyo objetivo no es la explotación, sino el cruce irregular de fronteras con fines de lucro.
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Entre las pautas de actuación, se destaca la observación de conductas, análisis documental y entrevistas orientadas para identificar indicadores de sometimiento. También se refuerza la prohibición de sancionar o devolver a víctimas a lugares donde corran riesgo, la necesidad de capacitaciones periódicas y la creación de mesas de trabajo para evaluar la efectividad del protocolo.
Fuente: La Nación.
