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La abogada del intendente de Trelew dialogó con Radio 3 y reconoció que la denunciante y su abogado habían hecho peticiones para no presentarse ante la Justicia. La letrada reconoció que hay chats como pruebas.
La abogada Gladys Olavarría, defensora del intendente de Trelew, Gerardo Merino, dialogó este martes con Radio 3 y brindó detalles sobre la denuncia por extorsión que presentaron tras las acusaciones de abuso sexual realizadas por una empleada municipal.
«La denuncia es errónea. Había una parte de la información que no se estaba teniendo en cuenta», explicó Olavarría. Según la abogada, el análisis de los chats entre Merino y la denunciante muestra que las acusaciones de abuso no corresponden con la realidad.
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La defensa sostiene que la denunciante intentó obtener beneficios laborales a cambio de no hacer pública la denuncia. Detalló además que «los chats muestran que solicitaban una reunión privada con el intendente (antes de su asunción), en la que le presentó dos peticiones: la incorporación de la denunciante a planta permanente en la Municipalidad y un cargo en el Ministerio de Gobierno. Si el intendente accedía a estas demandas, la denuncia sería retirada».
Explicó asimismo que, tras este encuentro, el mandatario municipal se dio cuenta de que se trataba de una extorsión y rechazó las peticiones: «inmediatamente, Merino se percató de la situación y le comunicó que no iba a ceder a estas demandas, ya que la denuncia era falsa».
Según la abogada, la denuncia fue presentada después de que Merino no accediera a las demandas, lo que a su juicio demuestra un intento de manipulación: «a partir de allí, la denunciante comenzó a intimidar al intendente, dándole plazos para que cumpliera con sus exigencias». Mencionó también que esta situación podría dar lugar a un delito de estafa procesal: «cuando se miente ante un juez para lograr medidas coactivas, se está cometiendo un delito de estafa procesal».
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Sobre el comportamiento de la denunciante, señaló que no se entiende por qué una víctima de abuso seguiría en contacto con su agresor: «si una persona ha sufrido abuso, normalmente se aleja de quien le ha hecho daño, pero la denunciante continuó en comunicación con el intendente varios meses después de los hechos».
Finalmente, la abogada insistió en que la falta de un informe psicodiagnóstico solicitado por la defensa refuerza la idea de que la denuncia no tiene fundamento. «Si realmente hubiera sido víctima de abuso, lo lógico sería que la denunciante se someta a un psicodiagnóstico para probar su caso», concluyó Olavarría.
